Los consejeros de la Presidencia, Administración Pública e Interior y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo y Carmen Crespo, respectivamente, han participado en Málaga en un acto de entrega de licencias a empresarios de chiringuitos de esa provincia.
La gestión del Gobierno andaluz ha permitido que se desbloqueen en unas semanas 34 licencias, gracias a un plan de refuerzo de personal que aún no está culminado, por lo que el Ejecutivo autonómico prevé que la agilización de esos trámites administrativos continúe durante los próximos meses, con la colaboración del sector.
Durante el acto, los consejeros han recordado que el nuevo Gobierno regional ha detectado la existencia de 4.367 expedientes pendientes de una respuesta por parte de la Administración autonómica en toda la comunidad, lo que habría supuesto una pérdida de 92.000 empleos potenciales en una de las regiones con mayor tasa de paro de la Unión Europea (UE).
De los mencionados expedientes paralizados, 648 estaban vinculados a concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, entre los que se encuentran aquellos relativos a chiringuitos.
La provincia de Málaga, con 1.207 expedientes y 25.400 empleos potenciales afectados, era la más perjudicada por la falta de actuación de los gobiernos anteriores.
En concreto Bendodo ha explicado que la Junta de Andalucía tiene las competencias en materia de chiringuitos «desde 2011», aunque ha sido el nuevo Ejecutivo el que en sólo seis meses de gestión ha dado «un empujón», «un impulso», para agilizar su situación, como se ha evidenciado en la mañana de hoy con el desbloqueo de más de una treintena de permisos.
«No se entiende Andalucía sin los chiringuitos. Andalucía es muchísimas cosas, pero sobre todo es turismo», ha sostenido el consejero, para añadir que a éste están vinculados sin duda los establecimientos de playa.
Para Carmen Crespo el acto de entrega escenifica que «se empieza a resolver una situación histórica» de bloqueo gracias a la respuesta del Gobierno andaluz, que ha activado un Plan de reactivación de calidad ambiental entre cuyas medidas, además del aumento en la dotación de personal, se encuentra la adaptación de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad (GICA) para simplificar trámites y reducir los plazos de tramitación, que en el caso de algunas autorizaciones llegaba a cuadruplicarse de media.
Por la importancia del sector de los chiringuitos para el turismo, la economía y la creación de empleo, Crespo ha señalado que «resolver la seguridad jurídica, especialmente en Málaga, la provincia con más dificultades, es una prioridad» marcada de la misma presidencia de la Junta de Andalucía. Este tipo de establecimientos hosteleros aporta a la provincia de Málaga más de 20.000 empleos anuales, de los que el 50% de los puestos tienen continuidad durante todo el año y el otro 50% son estacionales.
Como resultado, se están agilizando la tramitación de más de 220 expedientes de concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre. «En muy poco tiempo hemos conseguido resolver 34 expedientes de concesión en la provincia de Málaga cuya tramitación se había iniciado en 2015», ha añadido Carmen Crespo. De ellos, 29 son en Torremolinos; 2, en Torrox; 2, en Fuengirola; y 1, en Benalmádena.
La consejera ha querido agradecer el esfuerzo realizado tanto al personal de la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible como de la Dirección General de Calidad Ambiental. Carmen Crespo ha destacado que entre agosto y septiembre llegarán más refuerzos, y ha hecho hincapié en la importancia de seguir trabajando y reforzando la formación para «resolver todos los expedientes pendientes», así como seguir avanzando en la simplificación administrativa.
Por supuesto, «vamos a seguir trabajando para incrementar la colaboración y coordinación entre administraciones, asociación de empresarios de playa y titulares de explotaciones. Tenemos que cooperar entre todos para avanzar en eficiencia en la resolución de los expedientes relativos a unos establecimientos que generan riqueza y empleo, con la máxima seguridad jurídica y respeto al medio ambiente», ha apuntado Crespo.
