El Gobierno de Canarias ha aprobado el proyecto de Ley del Suelo. Se trata de una reforma completa sobre la propiedad urbana, la ordenación por planes, los modos de ejecución, las técnicas de intervención pública sobre los usos del suelo y la disciplina territorial y urbanística, pero no cambia la regulación de los espacios protegidos del archipiélago.
El anteproyecto de la Ley fue sometido a casi dos meses de información pública, con un intenso proceso de participación. Pero, además, hasta llegar ahí, fue también debatido con todas las instituciones implicadas, así como con la totalidad de sectores profesionales, sociales y económicos que tienen relación con la ordenación del territorio en Canarias.
El texto reconoce que ordenar el suelo en Canarias no es una tarea sencilla porque sobre el suelo y el territorio confluyen legítimos intereses que pueden generar conflictos de valores, de dimensión espacial de la ordenación, de intereses patrimoniales diferenciados, de regulaciones contrapuestas, de sentido de la ordenación y, entre otros, de poderes públicos, en función de quién gobierne en cada instancia territorial.
Por ello, el primer objetivo que busca el Gobierno de Canarias es abordar un texto con una visión reformista, que avance hacia la clarificación de la normativa y la agilización de los proyectos viables. Es, ese sentido, una ley sobre la calidad más que sobre la cantidad.
Los criterios para conseguirlo son tres: por un lado, la simplificación (reducir cargas y trámites cuando son excesivos e innecesarios) y clarificación de los procedimientos de las distintas administraciones públicas y sus relaciones.
En segundo lugar, la racionalización mediante una reordenación de las reglas y de los instrumentos de intervención sobre el suelo, evitando duplicidades e incoherencias, eliminando la dispersión normativa y actuando sobre los excesos regulatorios.
Y, en tercer lugar, la imprescindible actualización de la normativa que regula la protección, la ordenación y el uso del suelo de las islas, para que responda a necesidades actuales, como, por ejemplo, la renovación de la ciudad consolidada.
El texto legal, sin embargo, establece ya desde el preámbulo que la fragilidad medioambiental del suelo en Canarias impone que esa labor de simplificación y racionalización sea prudente y ponderada y, en ningún caso, una vuelta atrás sobre decisiones que por su trascendencia y consolidación en nuestra cultura territorial bien pueden calificarse de estructurales.
