Ni como Operación Chamartín, ni como Prolongación de la Castellana ni tampoco Distrito Castellana (DCN) -la última denominación que el BBVA, como principal promotor, ha dado a este proyecto- figura este megaproyecto en los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid para 2016.
Un repaso concienzudo a los gastos e inversiones que el Área de Desarrollo Urbano Sostenible piensa llevar a cabo durante el próximo ejercicio sirve para comprobar que la operación sigue paralizada.
Y lo seguirá estando durante tiempo si no se cambia el enfoque especulativo del suelo que, a juicio del Ayuntamiento, tiene el actual proyecto. El consistorio viene a decir al BBVA y a la Constructora San José que los números que manejan, de vender a precio de oro los terrenos una vez urbanizados de cara a obtener una buena rentabilidad tras invertir más de 4.000 millones, no sirven.
Que hagan otros. Esa es la idea con la que el departamento de Urbanismo, dirigido por José Manuel Calvo, pondrá en marcha la próxima semana una mesa política social que busca vertebrar la ciudad con un modelo que no esté basado en la venta especulativa de suelo.
De acuerdo con el actual reparto de cargas del plan parcial que se está tramitando, al Ayuntamiento de Madrid le tocaría aportar unos 120 millones de euros en las obras de urbanización, la mitad de lo que deberían costear las administraciones públicas por casi 640.000 metros cuadrados.
Un gasto que no debería acometer el consistorio hasta que, efectivamente las obras se acometieran, aunque en otros ámbitos urbanísticos, como Valdecarros -cuya urbanización nunca llegó a iniciarse- el Ayuntamiento sí destina inversión. También lo hace para la reforma de la plaza de España, que, como sucede con el Distrito Castellana Norte, tampoco se ha aprobado, y en cambio, en este caso, el presupuesto municipal sí destina casi 43 millones de euros entre 2016 y 2018.
Las largas que vienen dando al asunto, tanto Calvo como la alcaldesa Manuela Carmena, las ponía de nuevo sobre la mesa el responsable municipal de Urbanismo justo un día antes de que el Ayuntamiento presentara el proyecto de presupuestos.
Lo hacía en el sentido de que lo más juicioso es posponer la decisión definitiva sobre el proyecto hasta el año próximo, tras las elecciones generales del 20D, y ver entonces, a la vista del gobierno que se forme, qué se hace al respecto. «Tampoco parece demasiado descabellado darse ese margen hasta pasadas las elecciones», decía.
