Madrid. Que una empresa privada se encargue de gestionar todo un plan general de urbanismo tiene sus ventajas. Si las cosas no salen de acuerdo con las previsiones iniciales, se cambian. A instancia de FCC, el Ayuntamiento de esta localidad situada al norte de Madrid cambiaba las reglas de juego a mitad del partido para intentar que las cuentas cuadren.
NI el concejal de Urbanismo, Javier Morales, se cortaba en pelo en reconocer que “transcurridos diez años desde la aprobación del Plan General, la tipología de vivienda no se ajusta a la demanda y situación actual. Se estipulaban viviendas de hasta 170 metros cuadrados construidos, cuando las más demandadas son de tres dormitorios y de 110 a 130 metros. Se trata de facilitar el acceso a la vivienda de los tricantinos, respetando la superficie de las parcelas y el número de viviendas total”. O sea, que como a FCC no le salen las cuentas, se le facilitan las cosas.
Los socialistas no lo ven así. “El Plan General y el plan parcial se confeccionaron con unos intereses concretos y no para dar una respuesta real a las necesidades de la ciudad. Ahora, como el mercado inmobiliario está en crisis, la nueva propuesta vuelve a adaptarse esos mismos intereses”, comentan las razones para oponerse a la modificación de esta cláusula de flexibilidad.
Cláusula que posibilitaba construir 890 apartamentos de 60 metros cuadrados (uno por cada tres viviendas de 170 metros). En cada promoción, estas viviendas debían de ser 55% de precio libre y 45% protegidas. Ahora, con la modificación instada por FCC se quita la posibilidad de construcción de unos 400 apartamentos protegidos.
FCC hace y deshace en Tres Cantos, en cuanto a urbanismo se refiere, desde que en febrero de 2005 formalizara la concesión administrativa para la gestión y ejecución urbanística, mediante expropiación, del único sector (Nuevo Tres Cantos) de su nuevo Plan General, que había sido aprobado dos años antes, en mayo de 2003.
Se optó por esta novedosa gestión privada del plan general, decían entonces los responsables municipales tricantinos, por los criterios económicos, de agilidad en la ejecución y de obtención de un mayor aprovechamiento lucrativo.
No tardó FCC en amoldar el plan general a sus intereses. En apenas diez meses elaboró el plan parcial que desarrollaba la norma urbanística, cambiándola de cabo a rabo. Mientras que el plan general planteaba que el 70% de la superficie construida se destinara a actividades productivas y el 30% restante residencial, con unas 4.500 viviendas, el plan parcial de la constructora invertía esos porcentajes, de manera que se reducía al 31% la edificabilidad productiva, porque no iba a haber demanda, y se elevaba la residencial a casi 840.000 metros cuadrados, para unas 8.500 viviendas.
