martes, 25 junio 2024

El nuevo PGOU de Cádiz contempla 3.115 viviendas y 411.000 m2 para actividades económicas

Cádiz. La Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (COTUA) ha dado luz verde para la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística  (PGOU) de Cádiz, que marcará las pautas de desarrollo de la capital gaditana durante los próximos ocho años. El documento ha sido informado favorablemente por la mayoría de los miembros de la Comisión, obteniendo así el respaldo de los diferentes agentes económicos, sociales y políticos de la comunidad autónoma. Tras dicha valoración, la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, será la encargada de aprobar definitivamente el Plan General.

Con la aprobación de este PGOU, que sustituye al de 1995, Cádiz se convertirá en la segunda capital litoral, después de Málaga, en cumplir con las directrices marcadas por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) mediante la revisión de todo su planeamiento. También por esta vía, Sevilla se ha adecuado al marco normativo vigente, mientras que el resto de capitales andaluzas (menos Almería, aún en proceso) ya cumple con las directrices de la LOUA a través de la adaptación parcial de su Plan General.

El paso del Plan General de Cádiz por la COTUA se produce después de que la Consejería de Obras Públicas y Vivienda haya agilizado el plazo de cinco meses de que dispone para analizar el expediente y realizar la tramitación necesaria hasta la aprobación definitiva. El Ayuntamiento de Cádiz envió a la Dirección General de Urbanismo el expediente del plan el pasado mes de marzo que, tras varias subsanaciones requeridas por los técnicos de la Junta, se completó en julio. Aunque dicho plazo acaba en diciembre de este año, está previsto que la aprobación se resuelva durante el mes de noviembre. La agilización de todo ese proceso ha sido fruto de la colaboración entre la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y el Ayuntamiento de Cádiz.

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El PGOU de Cádiz no plantea nuevos crecimientos de suelo urbanizable debido a la colmatación de su término municipal, un condicionante que ya tuvo que tener en cuenta el anterior Plan General de mediados de los 90. Por este motivo, las propuestas de desarrollo de la capital se fundamentan en operaciones de remodelación y reordenación de la ciudad ya existente.

De esta forma, el Plan reserva a través de Áreas de Reforma Interior (ARI) y Áreas de Incremento de Aprovechamiento (AIA), una superficie de 314.000 metros cuadrados para uso residencial, lo que permitirá la construcción de 3.115 viviendas, de las cuales casi la mitad (1.520) se destinarán a VPO. Esa exigencia representa una proporción del 48% de la edificabilidad de los suelos residenciales, porcentaje muy superior al 30% que establece la Ley urbanística andaluza.

Con esta oferta residencial a precio asequible se pretende recuperar parte de los 20.000 habitantes que la capital ha ido perdiendo en su censo desde 1995. De hecho, el documento prevee un crecimiento poblacional de 7.500 nuevos habitantes. Las nuevas bolsas de VPO se localizan en la zona de Puerta Tierra, aunque las dos actuaciones de mayor envergadura se ejecutarán en la Zona Franca-Loreto, con 361 viviendas protegidas, y en el área del Hospital Universitario, con 344.

En el PGOU también destacan los 411.000 metros cuadrados destinados al impulso de actividades económicas y productivas en el entorno, sobre todo, de la Zona Franca Norte y Sur. El documento también realiza un esfuerzo por dotar a la ciudad de nuevas zonas libres, pese a las dificultades de encontrar suelo disponible.

En la propuesta presentada a la Comisión se han incorporado las modificaciones del planeamiento aprobadas recientemente sobre diferentes ámbitos de la ciudad entre las que destacan Valcárcel, Campo de las Balas y la Estación de Renfe, a las que se añade la construcción del nuevo Hospital en la Zona Franca.

La COTUA, máximo órgano de valoración urbanística de Andalucía, está constituida por los representantes de todas las consejerías de la Junta, de la Administración General del Estado y entidades locales (ayuntamientos y diputaciones), las universidades, los colegios profesionales, los empresarios y sindicatos, así como las organizaciones sociales y ciudadanas más representativas.

 

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