Madrid. Una auténtica joya inmobiliaria. Más de 200.000 metros cuadrados, con una edificabilidad de 300.000 metros, situados al lado del aeropuerto de Barajas, al sur del nuevo barrio de Valdebebas, es lo que, aprovechando la modificación de la Ley de Suelo Regional, pretende vender el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre.
Allí está a medio construir el Instituto de Medicina Legal, el único de los 18 edificios que iban a formar la Ciudad de la Justicia que llegó a iniciar las obras. Un proyecto descartado que se ha saldado con un gasto de más de 100 millones de euros, según señaló el consejero de Presidencia, Interior y Justicia, Francisco Granados, durante una comparecencia parlamentaria.
Los cambios introducidos en la Ley de Suelo permiten comerciar con esos terrenos, que se convierten “bienes patrimoniales”. El Gobierno regional puede recalificar los terrenos mediante una tramitación interna para la que solo necesita su propio visto bueno y vender el nuevo suelo con nuevos usos a quien quiera comprarlo. El consejero Granados, ha admitido que la nueva normativa permite vender los terrenos de la Ciudad de la Justicia, aunque todavía no se haya planteado.
La Ciudad de la Justicia, tras varios cambios de orientación, fue finalmente emplazada en la parcela de Valdebebas en 2004. El proyecto judicial incluía 15 inmuebles circulares para los trabajadores de la judicatura, unas 5.000 personas. El concurso de ideas costó un millón de euros con la previsión de atraer a arquitectos de renombre, como Norman Foster o Zaha Hadid.
El cálculo era sufragar su construcción con la venta de 23 locales e inmuebles judiciales dispersos por la ciudad, como los edificios del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el distrito de Centro, o los juzgados de la plaza de Castilla. En enero de 2007 se colocó la primera piedra, en un acto que costó 1,4 millones de euros y el vídeo promocional supuso más de 900.000 euros. Finalmente, el proyecto quedó paralizado hace un año cuando ya estaba construido el edificio previsto para el Instituto de Medicina Legal. El arquitecto que lo ideó, Alejandro Zaera-Polo, renunció al considerar que el presupuesto era insuficiente.
