Sacyr, como el resto de constructoras españolas, cuenta en Latinoamérica con numerosos contratos de todo tipo, desde infraestructuras de abastecimiento de agua y centrales hidroeléctricas en Perú, el hospital de Antofagasta y la autopista Ovalle-La Serena en Chile, el metro de Brasil, generación eléctrica en Bolivia, y muchas más que se unirían a otras a las que ha optado y va a seguir optando en el futuro. Pero está por ver el efecto de la crisis derivada de la obra del canal de Panamá.
Sin ir más lejos, es inminente la decisión del Gobierno de Chile respecto a la autopista urbana Américo Vespucio, en Santiago de Chile. Un contrato de 1.000 millones de euros al que Sacyr opta junto OHL; la empresa presidida por Juan Miguel Villar Mir.
Ante la importancia de este contrato, Sacyr ha ratificado su compromiso con las inversiones en Chile, ya que la situación creada en Panamá no afectaba en nada al resto de operaciones del grupo. Y en ese sentido, el grupo presidido por Manuel Manrique añadía que estaba en condiciones de garantizar todas las inversiones tanto en Chile como en el resto de países de la zona.
Precisamente en Chile, el pasado mes de diciembre, antes de iniciarse la crisis de Panamá, Sacyr se adjudicó las obras del plan de mejora viaria del centro y el Oeste de Santiago de Chile, un proyecto estimado en unos 183 millones de euros. Entonces, el Ministerio de Obras Públicas chileno indicaba que la de la empresa española era la oferta económica más conveniente.
También hace un mes, en Perú, un consorcio encabezado por la constructora Sacyr, junto a la empresa local Málaga Hermanos, ganó la concesión para rehabilitar una carretara en este país, que contempla una inversión de 552 millones de dólares. Se trata del segundo tramo de la Carretera Longitudinal de la Sierra, de unos 875 kilómetros, que une las regiones de La Libertad -en la costa norte del país- con la de Cajamarca, en los Andes peruanos.
Donde no parecen tener claras las cosas respecto a Sacyr es en Colombia. De hecho, los responsables de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ya han comentado que, dependiendo de lo que suceda en Panamá, la situación en Colombia se complicaría para ganar proyectos, ya que les sería difícil obtener una póliza de cumplimiento y créditos bancarios, claves para que la propuesta económica sea, siquiera, revisada por la entidad. En caso de que eso sucediera, desde la ANI dan por descontada su negativa a evaluar la propuesta que se presente sin esa garantía.
