Se vienen quejando las grandes empresas constructoras del país de que la licitación de proyectos públicos lleva varios años de capa caída, pero no por ello están dispuestos a aceptar todas las condiciones que las Administraciones Públicas les pongan por delante. Tampoco es cuestión de que no salgan las cuentas.
Es lo que han debido pensar los grandes consorcios que previsiblemente –o eso pensaba Adif –la filial de infraestructuras del Ministerio de Fomento– se iban a pelear por los más de 400 millones de un proyecto que llevaba años en los cajones, como es el Anillo de Antequera, un circuito de casi 60 kilómetros para probar trenes de alta velocidad en esta localidad malagueña, pensado para que los trenes alcancen velocidades de homologación de 450 kilómetros por hora, y máximas puntuales de hasta 520 kilómetros por hora.
Pero no ha sido así. Vencido el pasado 7 de agosto el plazo para presentar ofertas, Adif se ha encontrado con que no había ninguna oferta. Dos son las razones que están detrás de esta espantada. Una, el canon de 110 millones a pagar por parte de la sociedad gestora del Mantenimiento, Explotación y Operación de la obra durante un plazo máximo de 20 años. La otra, la obligación de devolver las ayudas, financiadas por fondos europeos, en caso de incumplimiento de plazos.
Ante esta sorprendente decisión inicial, varias de las empresas esperan que se reformulen las condiciones recogidas en los pliegos y se vuelva a licitar el concurso, aunque también existe el temor de que el Gobierno actual, como ya dejara caer el anterior Ejecutivo central, asuma el coste, dejando a las empresas privadas sin este sustancioso contrato.
Fomento, que apostaba por una colaboración público-privada, entiende que este proyecto puntero es clave para volver a dinamizar la economía, y por eso lo habría rescatado. Los fondos españoles e internacionales cubren entre el 75% y el 80% de la obra, según el ministerio.
De una forma o de otra, parece que el proyecto saldrá finalmente adelante. Si no, no se explica que sigan adelante los expedientes de expropiación ya iniciados y se comiencen a tramitar otros nuevos. Al respecto, el asunto no resulta menor, ya que son unos 700 los procedimientos previstos para contar con los terrenos por donde se trazaría este anillo ferroviario de pruebas, y las movilizaciones contrarias a estas expropiaciones no se han hecho esperar, con más de 2.000 alegaciones presentadas.
