El Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), el Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos (CACOA) y el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva (COAH) presentan la Carta de la Arquitectura Española 2015 y el Pacto por la Construcción, la Vivienda y el Empleo, una iniciativa para revitalizar la profesión y generar empleo.
Los arquitectos aseguran que por cada 1.000 viviendas rehabilitadas se generarán 450 puestos de trabajo anuales además de la intervención de 100 técnicos, beneficiando a 1.500 familias y unas 5.000 personas. Se alcanzaría un ahorro entre 2,8 y 3,5 millones de euros al eliminar los subsidios de desempleo de los profesionales que se incorporaran a la actividad.
Durante una jornada de trabajo encaminada a coordinar iniciativas e impulsar la recuperación del sector que ha tenido lugar en Huelva la semana pasada, D. Jordi Ludevid, Presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), D. Luis Cano, Presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (CACOA) y Doña Noemí Sanchís Decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva (COAH), acompañados por miembros de sus equipos de Gobierno, han impulsado una serie de acuerdos de carácter social en el marco de la colaboración entre las tres instituciones.
Entre los acuerdos figura la Carta de la Arquitectura Española 2015, promovida por el Foro CSCAE de la Arquitectura española, que recoge diferentes líneas de actuación, reivindicaciones y compromisos en beneficio de toda la sociedad y la arquitectura. Las medidas son urgentes, a riesgo de condenar definitivamente al sector de la arquitectura, a mayores cotas de marginalidad cultural, social y económica, defiende la Carta.
“La sociedad española necesita y las instituciones de la arquitectura reclaman más medidas que favorezcan: la recuperación de la base económica del sector; la vivienda, el urbanismo y un espacio público de calidad; un tejido profesional competitivo; un sustrato cultural sólido; una sociedad civil fuerte y autónoma”, declara Jordi Ludevid, Presidente de CSCAE.
Asimismo, el COAH promueve el Pacto Social por la Construcción, la Vivienda y el Empleo, que complementa la Carta de la Arquitectura 2015 ya que incorpora una serie de medidas urgentes encaminadas a la recuperación del empleo en el sector de la construcción mediante la promoción de la rehabilitación sistemática de viviendas, en la búsqueda de la mejora de la calidad de vida y la reversión de la situación en el sector profesionalmente más castigado de la crisis económica.
“Gracias a la reversión tributaria de los impuestos generados por las obras (tasas de licencia, ICIO, IRPF, IVA) se generaría un modelo vía incentivos y continuado en el tiempo que garantizaría la rehabilitación integral de los barrios sin la dependencia actual de subvenciones puntuales, cada día más escasas”, afirma Noemí Sanchís Decana del COAH.
Los arquitectos solicitan el compromiso de las Administraciones Local, Autonómica y Estatal que recuperaría la confianza de la ciudadanía en la clase política y las instituciones, a través de una renuncia sostenible a impuestos generados por dicho sector que no afecten su equilibrio presupuestario, en la búsqueda de soluciones universales continuadas en el tiempo. Con sólo invertir al principio, se desencadena el proceso, defienden los arquitectos.
Según datos de la profesión, se generarían 540 puestos de trabajo anuales y la intervención de 100 técnicos por cada 1000 viviendas rehabilitadas, beneficiando a 1.500 familias y 5.000 personas por cada iniciativa. Asimismo, se combatiría la economía sumergida que alcanza el 20 % en España por inversiones de obras no declaradas, pues a mayor recaudación, mayor inversión en el sector y mayores incentivos a las familias.
Por otra parte, se reduciría la dependencia económica del consumo energético en los hogares, gracias a la consecución de una mejor eficiencia energética; descendería la dependencia por falta de accesibilidad en personas de movilidad reducida y de edad avanzada, con la consecuente mejora de la calidad de vida, entre otros valores sociales y se recuperaría el patrimonio construido de entornos urbanos y rurales en estado decadente, con efectos sobre el turismo.
Se incentivarían entre el 20% y el 50% del coste total de las obras de rehabilitación y/o reforma de viviendas, en función de los ingresos familiares, con un retorno del 100% de la inversión por parte de la administración vía impuestos y cotizaciones, debido a que el sistema actúa como motor potenciador de actuaciones sucesivas y solapadas en el tiempo.
La propuesta por es viable sin vulnerar la sostenibilidad de las arcas del Estado, Autonómicas y Municipales, puesto que la aportación actual del sistema a las mismas hoy, es prácticamente inexistente, sin alcanzar en algunos casos el 3% de ingresos totales líquidos en la esfera local.
Por tanto, los ejes fundamentales del Pacto defienden la Declaración de la Arquitectura como Bien de Interés General al albergar aspectos fundamentales inherentes al ser humano como la vivienda, el espacio público, los espacios para la vida y la memoria. La Seguridad, la Salubridad, la Identidad, la preservación del Patrimonio y la Calidad de la Vivienda y el Espacio Público, son derechos esenciales equivalentes a la Sanidad, la Justicia o la Educación.
“Esto justifica la redistribución tributaria propuesta para garantizar la preservación de estos valores sociales, impulsando un modelo de autofinanciación basado en la reversión tributaria de las inversiones completas, con el compromiso por parte de la Administración Estatal, Autonómica y Local, de invertir en intervenciones de rehabilitación y reforma una suma equivalente a los impuestos y cotizaciones recaudadas a partir de la promoción del primer Plan Bianual” defienden los responsables del pacto.
