La Junta de Andalucía está empezando a hartarse de que las concesiones otorgadas a los Ayuntamientos de Marbella y Benalmádena, en Málaga, para ampliar sus respectivos deportivos no se lleven. Entre otras cosas, porque está dejando de cobrar el canon pactado.
Así, la Agencia Pública de Puertos ha iniciado los trámites para retirar al Ayuntamiento de Benalmádena la concesión otorgada hace más de dos años. Desde entonces ni se ha presentado proyecto alguno de construcción ni se ha pagado el canon que le correspondía al consistorio, lo que ha generado una deuda de 415.000 euros.
El pliego de condiciones otorgaba un plazo de seis meses para presentar el proyecto constructivo e iniciar las obras, algo que no se ha producido. Se han dado tres prórrogas y hace un año se advirtió al gobierno local de que si no había movimientos relacionados con el plan, podría proceder a extinguir la concesión. La Junta entiende que el incumplimiento de los plazos y la paralización del proyecto ya justifican la retirada del permiso, motivos a los que suma la propuesta realizada el pasado noviembre por el Ayuntamiento para poder asumir la obra.
En el mes de noviembre de 2013, el Ayuntamiento de Benalmádena informó de que necesitaban un plazo de ocho meses para poder realizar “ensayos geotécnicos” antes de iniciar el proyecto, aunque tampoco se aludía a una fecha concreta. Además, la deuda que se va generando por el impago del canon del puerto repercute directamente en los ciudadanos, ya que aumenta el agujero en las arcas municipales.
Tampoco se sabe nada de la ampliación del puerto de La Bajadilla, en Marbella. Obra adjudicada a una sociedad del jeque catarí Sheik Abdullah Al-Thani. La fecha inicial de presentación del proyecto era enero de 2012, y hace un año ya se inició un expediente de rescate de la gestión y futura reforma del recinto, aunque siguen los incumplimientos por parte de la empresa Nasir Bin Abdullah & Sons, en la que el Ayuntamiento de Marbella participa con un porcentaje mínimo.
En estos momentos se enfrenta a una sanción de 50.000 euros por el retraso en la entrega del proyecto constructivo. La propuesta de multa continúa en fase de alegaciones, mientras que en la Agencia de Puertos de Andalucía no han tenido comunicación alguna sobre el proyecto.