Valladolid. El Grupo de Expertos del Programa «Las Comunidades Autónomas en el siglo XXI» recibió el encargo del Consejo de la Población de realizar dos Seminarios sobre Ordenación Territorial que abrieran un proceso de debate y reflexión sobre esta materia. El objetivo último que se persigue, tal y como se recoge en la Agenda para la Población aprobada por la Junta de Castilla y León en mayo del 2010, es alcanzar en el primer año de la próxima legislatura un gran pacto social y político sobre la ordenación territorial en la Comunidad. Por eso se hacen estas propuestas abiertas que puedan ser útiles para el objetivo perseguido.
En el primer Seminario celebrado el pasado 23 de noviembre se analizó la situación de la Ordenación Territorial en España y en Castilla y León, desde el punto de vista normativo y de las herramientas de planificación regional, directrices etc. En el debate surge la necesidad de mejorar la colaboración en el gobierno activo del territorio, abordando posibles reformas o ajustes del modelo administrativo para garantizar la coordinación de la acción de las administraciones públicas y la participación de la sociedad civil.
En este segundo Seminario el Grupo de Expertos propone avanzar en la reflexión iniciada comprendiendo que los procesos de ordenación de nuestro territorio exigen la mayor eficacia posible a la estructura administrativa que garantiza su consecución: ordenación y gobierno del territorio son dos realidades inseparables.
En particular se aborda el problema de la fragmentación municipal en Castilla y León, que con 2.248 municipios (el 76% menores de 500 habitantes) plantea no pocos problemas a la gestión del territorio, sobre todo en medio rural, pero no sólo, ya que lo rural convive con lo urbano en los entornos de las mayores ciudades.
No en vano la Carta Europea de Ordenación del Territorio (CEOT) define la O.T como «Expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ambientales de toda la sociedad». Más allá de los instrumentos de planficación es imprescindible una reflexión sobre cómo se actúa en el territorio y cómo las entidades locales (Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y otras) y la Administración de la Comunidad colaboran en cada caso.
En este documento abierto, de trabajo, se realizan propuestas que quieren ser útiles a la vez que evitan la creación de nuevas estructuras administrativas que generen incremento de gastos. Unas propuestas dirigidas a mejorar la cooperación de las administraciones en sus actuaciones en el territorio, aprovechando la existente en las instituciones y en la arraigada cultura municipalista de nuestra Comunidad.
Gran parte de los problemas de los ayuntamientos para la prestación de los servicios de su competencia derivan de su escaso tamaño. No pocos han planteado dudas incluso sobre la viabilidad de muchos ayuntamientos. Asimismo el despliegue de las políticas sectoriales en el territorio presupone y exige fortaleza a los municipios. El municipio es la unidad territorial más cercana a los ciudadanos, la ordenación del territorio necesita a los municipios, por ello planteamos un enfoque de abajo arriba, complemento imprescindible de la acción de gobierno vinculada a competencias específicas.
A las alternativas tradicionales de asociación entre municipios y de asistencia por las Diputaciones hoy se añaden nuevas opciones que pretenden reducir significativamente el número de municipios por la vía de la fusión o integración entre ellos con el fin de incrementar su eficiencia en el desarrollo de sus competencias como consecuencia deirecta de su mayor tamaño.
Esta segunda opción plantea dudas, en primer lugar por el fuerte arraigo de los ciudadanos a sus entidades locales, en segundo lugar porque esa opción ha existido siempre y no se ha utilizado, y en tercer lugar porque con independencia de las dimensiones se ha de seguir atendiendo a los mismos ciudadanos y al conjunto de los núcleos de población existentes, cada uno con sus peculiaridades.
La integración genera economías de escala pero no disminuye el nivel o la intensidad de los servicios a prestar pues no modifica el lugar de residencia de las personas. También podría cuestionarse el ahorro económico, en un contexto en el que los alcaldes y concejales realizan sus tareas sin remuneración relevante en la mayoría de los pequeños municipios.
Sin duda la fusión sistemática de municipios plantea riesgos de fracaso, por lo que es precisa una alternativa generalizable. Surge así la propuesta de crear un nuevo sistema de áreas mancomunadas o distritos, que exige en primer lugar una reordenación del mapa de las actuales Mancomunidades, en segundo lugar que las Diputaciones Provinciales asuman un papel activo en este proceso y, en tercer lugar, que tanto la delimitación de las Áreas Funcionales, herramienta básica de la Ordenación del Territorio, como las políticas sectoriales se apoyen en estas nuevas áreas mancomunadas o distritos.
