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Jornada de debate: ‘El proceso de ajuste del sector residencial en la Comunidad de Madrid’

MADRID.   El presidente de Asprima, José Manuel Galindo, instó hoy a las administraciones públicas a reducir el stock de vivienda existente actualmente en España para poder reiniciar la actividad inmobiliaria nacional a partir de 2011, previsiblemente.

    Durante la inauguración de la jornada ‘El proceso de ajuste del sector residencial en la Comunidad de Madrid: punto de partida y escenario de llegada’, Galindo realizó un breve repaso por la actividad y los datos de compraventa que, a excepción de noviembre, han aumentado en tasa intermensual desde el mes de abril.

    Por ello, los promotores inmobiliarios madrileños destacaron la necesidad de que «el sector cambie para adaptarse a la nueva realidad del mercado en el corto y medio plazo, conviviendo con un sistema financiero con excesiva deuda y con dificultades para financiar nuevas promociones, única opción para poner en carga el suelo y así reiniciar la actividad inmobiliaria».

    «Apostar por el alquiler como fórmula de negocio con posibilidad de desarrollo en el futuro es una de las opciones que se plantean como más estables y seguras, así como la rehabilitación», añadieron.

     Además, Asprima aseguró que el ajuste en precio se está dando de manera muy desigual en cada comunidad autónoma, e incluso con diferencias en los mismos municipios, e incidió en que el principal objetivo del estudio, que analiza la absorción del stock y el escenario futuro, ha sido no sólo cuantificarlo, sino cualificarlo, para saber «qué oferta hay, dónde está y a qué precio», además de cómo se comporta la demanda en las diferentes áreas.

     El presidente de los promotores, que cifró en más 45.000 las viviendas sin vender en la región, aseveró que el carácter heterogéneo de la vivienda exigía el estudio de cada uno de los mercados locales. «De la misma forma que el stock varía en función de la localización, el ajuste en precios es muy desigual según las zonas geográficas», aseguró Galindo.

     En concreto, actualmente existen 47.637 viviendas en venta en la región, la mayoría de ellas en los municipios que atraviesan la A-4, lo que incluye a Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Parla, Pinto, San Martín de la Vega y Valdemoro.

     Además, en una relación entre stock por cada 100 habitantes y el precio de la vivienda, la directora de Análisis de Mercados Inmobiliarios, destacó que los municipios de Coslada, Pozuelo de Alarcón y Madrid son los que gozan de la mejor ubicación y de precios más altos que la media, mientras que Parla, Valdemoro y Pinto, con 4,2, 3,8 y 3,1 viviendas por cada cien habitantes, tienen precios más bajos.

    Por último, el estudio de Asprima consideró que el stock de vivienda se está absorbiendo ya en algunos municipios de la Comunidad y que «en tres o cuatro años se podrá llegar a niveles del denominado ‘stock técnico’, un año antes que en el entorno nacional».

CAMBIO DE LA LEY DEL SUELO

    Por su parte, la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño Mariño, resaltó durante la clausura del acto la importancia del sector inmobiliario, causante del 24,4 por ciento de la riqueza de España y del 40,4 por ciento del empleo del país durante los años de auge.

    Asimismo, realizó una llamada a aquéllos que consideran que la vivienda sigue estando sobrevalorada y aseguró que «hoy en día ya se mueve en precios de 2005», apostillando que «será el mercado el que tendrá que dictar si deben bajar más los precios o no», aunque si esto sucede será de «forma muy moderada, si no se estancan ya de forma definitiva».

    Por otra parte, la consejera anunció que su Gobierno está estudiando la reforma de la Ley del Suelo para incluir una modificación en la Ley de Disciplina Urbanística y Medio Ambiente con el fin de eliminar trabas a la actividad inmobiliaria.

    Por último, Mariño ofreció los principales datos de las VLPC adheridas al convenio firmado en 2008 y ampliado el pasado verano,  de las que ya se han vendido el 24 por ciento de las ofertadas en www.viviendasasequibles.org.

 

 

Ferrovial se adjudica las obras de la nueva estación de Reus

TARRAGONA.   Ferrovial se ha adjudicado las obras de la nueva estación ferroviaria de Tarragona que se ubicará en Reus, en la conexión entre el Corredor Mediterráneo y el AVE Madrid-Barcelona-frontera Francesa, por un importe de 54,7 millones de euros.

    La estación se levantará al Sur del aeropuerto y a unos seis kilómetros de las ciudades de Reus y Tarragona. Estará también próxima a la autopista AP-7 y la carretera T-11 (antigua N-420).

    El contrato incluye la construcción de las vías de la estación (andenes, marquesinas e instalaciones), así como del edificio, el acceso viario desde la rotonda que enlaza con la carretera T-11, la urbanización y los aparcamientos.

    La estación tendrá seis vías con cuatro andenes. Todas las vías darán servicio a líneas de largo de recorrido y de media distancia, pero está previsto que los trenes regionales tengan parada preferiblemente en los andenes exteriores, mientras que los interiores podrían recibir los tráficos de largo recorrido.

    Dentro de las actuaciones del Ministerio en el Corredor Mediterráneo, se ha incluido la construcción de un cambiador de anchos a unos 500 metros de la estación central en sentido Valencia, de manera que los trenes procedentes del Corredor Mediterráneo o de Tarragona puedan acceder a la nueva estación.

    Con la nueva estación intermodal, se pretende dotar a Tarragona de una nueva gran estación cercana al Aeropuerto de Reus y a los principales núcleos de población, que servirá de enlace entre el Corredor Mediterráneo, el AVE Madrid-Barcelona y la red convencional.

    Sobre el estado de las obras en la conexión del Corredor Mediterráneo y el AVE, están en ejecución los trabajos de la plataforma ferroviaria de todo el trayecto entre Vandellòs y el AVE Madrid-Barcelona. Además, se han licitado las obras de vía y electrificación que permitirán dar continuidad a esta actuación.

 

Afirma y Rayet crean una cooperativa para ofrecer viviendas hasta un 20% más baratas

    MADRID.  Afirma y su primer accionista Rayet han creado una sociedad cooperativa de viviendas con que la que buscan reactivar su negocio y, al tiempo, atender a la actual demanda del mercado, ofreciendo pisos ajustados a las actuales necesidades y con precios entre un 15% y un 20% por debajo de la media.

     «Se trata de estar vivos, de sobrevivir, de tener actividad, aunque sea con menos margen, atendiendo al hueco de mercado que actualmente existe», aseguró el presidente de Afirma y propietario de Rayet, Félix Abánades, en relación al actual parón del sector a consecuencia de la crisis.

    «Queremos demostrar que somos un operador activo en el mercado. No nos conformamos con esperar a que aparezcan los ‘brotes verdes’, vamos a tratar de generarlos», añadió Abánades en la presentación de la cooperativa, denominada Quabit.

    La nueva cooperativa, denominada Quabit, nace con la expectativa de promover en este régimen unas 5.000 viviendas en los próximos cinco años, tanto protegidas como libres, y en todo el territorio nacional.

    En el caso de las libres, la firma asegura poder ofrecer los precios «más ajustados posibles», entre un 15% y un 20% por debajo del mercado, gracias a las sinergias y a optimizar plazos y costes, y pese a reconocer que el sector ya ha realizado «en gran medida» el ajuste de precios.

    Abánades cifró en alrededor del 4% el margen que arrojará la iniciativa a las empresas, por su función de gestoras y comercializadoras. Las inmobiliarias aportarán suelo de su cartera, pero también promoverán el de otras empresas del sector y el que tienen entidades financieras, con las que aseguran que ya han mantenido conversaciones.

    La nueva firma se dirige a demandantes de una vivienda que no encuentran respuesta en el actual ‘stock’ de pisos, ni por sus características ni por sus precios, y que además necesitan un periodo de tiempo para reunir el importe de la entrada. Además, aseguran que garantizarán el precio y el plazo de entrega.

    Quabit, participada al 40% por Afirma, en otro 40% por Rayet y en el 20% por Rayet Construcción, arranca con un proyecto de 900 viviendas protegidas y otras 600 libres en Alovera (Guadalajara), financiado por Ibercaja y ‘La Caixa’, y otros diez potenciales repartidos en Guadalajara, Avila, Madrid, Alicante y Barcelona.

    La iniciativa se pondrá oficialmente en marcha mañana con el lanzamiento de su página en Internet, a través de la que las empresas pretenden captar a interesados en esta forma de comprar sus viviendas para comenzar a gestionar los proyectos.

    Afirma asegura contar con una situación adecuada para abordar el proyecto, dado que tras refinanciar su deuda en julio del pasado año no tiene vencimientos pendientes hasta 2012, y con tesorería. «Hemos hecho los deberes. Somos de las grandes del sector que más posibilidades tiene de salir» de la crisis, apuntó al respecto al consejero delegado del grupo, Alberto Quemada.

 

 

La crisis se lleva por delante el 70% de las franquicias inmobiliarias y más de 11.000 empleos

   MADRID.   Las franquicias del sector inmobiliario han reducido su red comercial en un 70% como consecuencia de la ‘crisis del ladrillo’, al pasar de 4.264 establecimientos al cierre de 2007 a un total de 1.256 locales en el ejercicio 2009, lo que ha implicado la pérdida de más de 11.000 empleos.

    Según datos del informe anual sobre el sector franquicias de la consultora Tormo & Asociados, el número de locales que tenían operativos las agencias inmobiliarias se redujo a la mitad lo largo de 2009, después de haber registrado un recorte del 40% el año anterior.

    Actualmente operan en España 27 enseñas inmobiliarias, cuatro menos que en 2008 y 18 menos que en 2007, y en conjunto, dan empleo a un total de 4.303 personas, una cifra que contrasta con la plantilla de 15.432 trabajadores que sumaba el sector dos años antes.

    La facturación de estas franquicias se estableció en 135 millones de euros en 2009, lo que supone un retroceso del 82% en relación con los 778,1 millones de euros en ventas que registraron en 2007.

    En cuanto a la inversión, se ha ido reduciendo progresivamente desde el impacto de la crisis en el sector inmobiliario, de manera que se pasó de 164,3 millones de euros al cierre de 2007 a 59 millones en 2008 y 48 millones el pasado año.

    El conjunto de franquicias españolas registró en 2009 el cierre de un total de 7.872 establecimientos por el impacto de la crisis en sectores como el inmobiliario, el financiero y, en menor medida, de viajes, un recorte que no fue compensado por las nuevas aperturas (3.817) y que provocó la pérdida de más de 30.000 empleos y un descenso de la facturación a niveles de 2006.

 

 

Fomento limitará por ley al 30% la participación privada en Aena

 MADRID. La participación de capital privado en la nueva sociedad gestora de la red de aeropuertos públicos de Aena estará limitada al 30% en virtud de la ley que articulará el nuevo modelo de gestión aeroportuario que el Ministerio de Fomento presentará al Congreso en el primer semestre del año.

   Así lo aseguró este miércoles el ministro de Fomento, José Blanco, quien atribuyó su decisión a que «no quiere que en un país con fuerte dependencia del turismo los aeropuertos pierdan su sentido de red».

   «La suma de sinergias (entre aeropuertos) es importante si lo hacemos bien para que (el sistema aeroportuario) sea más competitivo», añadió el titular de Fomento durante su intervención en el Foro ‘Cinco Días’.

   Por ello, garantizó que la Ley del nuevo modelo de gestión de Aena limitará participación del capital privado al 30% del capital de la sociedad que gestione los aeropuertos, con lo que cierra también así la puerta a la cesión a manos privadas de alguno de los aeródromos.

   «Sé que hay empresas que querrían tener más participación. Incluso, hablando en plata, querrían gestionar algún aeropuerto», reconoció Blanco, que se limitó a manifestar su compromiso a «generar las condiciones para que Aena, en gestión compartida, pueda ser todavía más eficiente».

   Blanco abogó por abrir Anea al sector privado «de una manera responsable», para «seguir avanzando en la consolidación de buenas prácticas hacia una mayor eficiencia y conseguir nuevos recursos financieros, que potencien la estructura de capital de la nueva sociedad gestora de aeropuertos».

   «Entiendo que las alianzas y la colaboración del sector público y el sector privado pueden ser una fuente para incrementar nuestros niveles de eficiencia», subrayó el ministro.

«AEROPUERTOS AUTÓNOMOS, NO AUTONÓMICOS».

    En cuanto al interés de comunidades autónomas por participar en la gestión aeroportuaria, el titular de Fomento reconoció que es del «máximo interés» para estas administraciones, pero que no constituye «ni la máxima prioridad y la máxima preocupación» del Ministerio.

   No obstante, garantizó que la ley acogerá la participación de las comunidades y que los aeropuertos más eficientes cuenten con una participación «autónoma, que no es lo mismo que una gestión autonómica», advirtió.

   En su intervención, Blanco reiteró su compromiso de dotar de la «máxima transparencia» al diseño y puesta en marcha del modelo cuyo fin último, según reiteró, es lograr la máxima eficiencia y competitividad de este tipo de transporte.

   «Porque sólo incrementando nuestros niveles de eficiencia en la gestión y mejorando los costes de navegación podremos rentabilizar las inversiones realizadas y conseguir el máximo aprovechamiento de nuestras infraestructuras en beneficio de la economía española», proclamó.

 

 

Montoro critica a Corbacho y se pregunta ¿Cuánto tiempo seguiremos en el pozo?

 MADRID.  El coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, arremetió este martes contra el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, por cifrar el peso de la economía sumergida española entre un 16% y un 20% del PIB, y le acusó de «consolarse» anunciando que uno de cada cinco trabajadores «no paga impuestos». «Un ministro de mi Gobierno dice eso y le echo por la ventana», aseguró.

   En un desayuno organizado por Executive Fórum y el diario Negocio, Montoro acusó al Gobierno socialista de «promover el fraude» con la subida fiscal y aseguró que la «mejor forma» para luchar contra la economía sumergida es una reducción selectiva de tributos, en especial a las reparaciones domésticas que realizan profesionales como los fontaneros, carpinteros y cerrajeros.

   «Si las cifras son esas, que no promuevan el fraude fiscal subiendo impuestos», insistió el dirigente ‘popular’, que abogó por «bajar y cambiar» el IVA de forma que el criterio imponible sea por caja, en lugar de a devengo, para que así no se tenga que pagar hasta que no se haya abonado la factura.

   La receta ‘fiscal’ del PP en materia del IVA se extiende ahora también al sector turístico, que debido a la subida que entrará en vigor en julio tendrá en 2010 una de las tributaciones más altas con un tipo del 18%, frente a los competidores directos, como Francia, que aplica un 5% para las actividades turísticas.

   «Nosotros no podemos asistir pasivamente a que esto se degrade todavía más», incidió Montoro, cuya formación pedirá en el Congreso un IVA superreducido del 4% para el sector.

   El responsable económico del PP denuncio que el déficit fiscal del gobierno, que ha obligado a subir impuestos, debe contrarrestarse con una política presupuestaria de «austeridad extrema», que frene la «amenazante espiral de deuda pública» en la que está cayendo el Gobierno para financiar sus políticas.

   «Una crisis de endeudamiento como la que tenemos no se puede contrarrestar con más deuda publica, eso es echar leña al fuego», incidió Montoro, quien reclamó que se revisen las competencias de las administraciones públicas. «Ahora no estamos en el Estado de las Autonomías, sino en el Estado del Gasto», señaló.

«¿CUÁNTO TIEMPO SEGUIREMOS EN EL POZO?»

   Así, explicó que el Estado redujo sus ingresos un 30% en 2009, lo que llevará a un déficit público «más cerca del 12% que del 10%» en 2009, mientras las emisiones de deuda «restringen el acceso al crédito a familias y empresas».

   Asimismo, recordó que fue el «encallamiento» de la economía española en el déficit de la balanza de pagos el que la hizo especialmente vulnerable a una crisis financiera global de la que ahora se vislumbra su final. Sin embargo, pese a lo que muchos anunciaron, éste no ha llevado a una «refundación del capitalismo global».

   Según Montoro, la economía española también «se acerca al fondo del pozo», aunque la cuestión es saber cuanto tiempo seguirá ahí y cuánto ha sufrido la imagen de España en un mundo» competitivo y a veces cruel».

ABRIRSE A «HORIZONTES CLARIFICADORES»

   Así, recordó que ahora varios bancos internacionales recomiendan no comprar deuda pública española, pero valorada que al de Irlanda, con las «graves consecuencias» para nuestra economía que ello supone.

   «Tenemos que reaccionar», advirtió Montoro, quien exigió al Ejecutivo una «rectificación completa» de su política ante la encrucijada que supone el momento económico «más difícil» de la historia reciente española, en el que la reflexión política se tiene que abrir a «horizontes clarificadores» como los que plantea el PP.

 

BBVA ve "factible" reducir el déficit público al 3% en 2013

MADRID.   El BBVA ve «totalmente factible» reducir el déficit público hasta niveles cercanos al 3% en 2013, tal y como se ha comprometido el Gobierno, si bien advierte de que es necesario que todas las administraciones públicas adopten el «firme compromiso» de llevar a cabo con determinación un estricto control del gasto público, que tendrá que reducirse en torno a 5,5 puntos porcentuales para situarse en cifras cercanas al 41% del PIB.

   En su último Observatorio Económico, el Servicio de Estudios del BBVA indica que para llegar a dicho objetivo, que sería «todo un éxito» de la política fiscal, el ajuste del déficit no debería ser menor a 1,5 puntos porcentuales al año, teniendo en cuenta que el déficit público alcanzó el 11,5% del PIB en 2009, según las estimaciones de la entidad bancaria.

   Según el BBVA, las medidas aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2010 podrían suponer un aumento de los ingresos impositivos ligeramente por encima de un punto porcentual del PIB. Además, añade que la recuperación económica durante los próximos años permitirá recobrar una parte de la caída de los ingresos públicos a que ha dado lugar la «sobrerreacción» que se ha producido en 2008 y 2009 de algunas de las bases impositivas, como el IVA o Sociedades.

   Ambos efectos, considera BBVA, podrían llegar a suponer unos 3 puntos de ingresos impositivos, aproximadamente la mitad de la caída de la ratio de ingresos públicos sobre el PIB observada entre 2007 y 2009, hasta situarse al final del periodo de consolidación alrededor del 38% del PIB, un nivel similar al promedio observado entre 1995 y 2003.

   Por el lado de los gastos, estima que la evolución de algunas partidas está determinada por la dinámica geográfica, por lo que queda poco margen de actuación, como es el caso del gasto en pensiones (que verá incrementada su participación en el PIB alrededor de un punto) o los gastos por intereses, que podrían incrementarse en torno a 1,2 puntos.

   En cuanto al gasto en prestaciones por desempleo, éste podría reducirse en los próximos años en medio punto porcentual en un escenario en el que la tasa de paro se irá reduciendo de forma consistente con el aumento de la actividad económica.

REDUCIR SALARIOS Y GASTO CORRIENTE.

   Por tanto, BBVA señala que el esfuerzo de contención del gasto debería concentrarse en reducir la participación en el PIB de la remuneración de asalariados, los consumos intermedios y otros gastos corrientes a los niveles alcanzados a comienzos de esta década. En concreto, apunta que es necesario que los gastos en remuneración de asalariados se sitúen nuevamente en niveles cercanos al 10% del PIB y el gasto corriente, en el 6,6% del PIB.

   Estas previsiones de BBVA están basadas en un escenario de ajuste económico en el que la tasa de crecimiento del PIB real converge hacia su tasa potencial del 2% y, a partir de 2012, las condiciones cíclicas permiten incluso un crecimiento superior al 2% durante algunos años. Según la entidad financiera, escenarios de crecimiento cercanos al 1% tienen una probabilidad «muy reducida» de que ocurran.

   Para conseguir este objetivo de reducción del déficit, BBVA cree que sería conveniente introducir un techo de gasto para las comunidades autónomas, así como otras medidas adicionales que permitan controlar de forma efectiva el porcentaje del PIB destinado a algunas partidas presupuestarias, como el gasto corriente, el de personal y de pensiones.

   Igualmente, ve necesaria la adopción de reformas estructurales en el mercado laboral que permitan reducir con mayor celeridad el gasto en prestaciones por desempleo y, para ello, apuesta por introducir incentivos a la prolongación de la vida laboral que «alivie» la presión que el envejecimiento de la población tendrá sobre las cuentas públicas.

LA DEUDA PÚBLICA SERÍA SOSTENIBLE.

   El BBVA indica que alcanzando el objetivo de consolidación fiscal propuesto por la Comisión Europea (del 3% en 2013), España tampoco tendría problemas de sostenibilidad de la deuda pública, que en términos relativos al PIB, se situaría en torno al 73% del PIB, claramente por debajo de los niveles de Grecia, Irlanda o Portugal.

   Por último, la entidad financiera destaca los beneficios de volver a la estabilidad presupuestaria, entre los que destaca el «plus de credibilidad» que conseguirían las administraciones públicas, el menor coste de las primas de riesgo de la deuda española y la posibilidad de afrontar con un mayor margen de maniobra los efectos sobre las cuentas públicas del aumento del gasto en pensiones y en sanidad asociados al envejecimiento de la población española.

   «De no haberse planteado el inicio de la consolidación fiscal en 2010 (el Gobierno ha subido algunos impuestos), para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública en el futuro hubieran sido necesarios aumentos impositivos y reducciones de gasto mayores que los que ahora son necesarios en este escenario de consolidación fiscal», subraya BBVA.

 

El juez abre la fase de convenio del concurso de acreedores de la inmobiliaria Nou Temple

    VALENCIA.  El titular del juzgado de lo mercantil número 1 de Valencia ha dictado la apertura de la fase de convenio en el proceso de concurso de acreedores de la inmobiliaria Nou Temple y varias de sus filiales.

    En un auto fechado el pasado 30 de diciembre y publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el juez fija para el próximo 9 de marzo la celebración de las juntas de acreedores de las sociedades declaradas en concurso.

    En estas asambleas, que tendrán lugar en la Sala de Audiencias del juzgado, los acreedores de las distintas firmas podrán adherirse a las distintas propuestas de convenio que realicen las empresas.

    El juez admitió a trámite en junio de 2008 la solicitud de concurso voluntario de acreedores de las sociedades del Grupo Nou Temple, que había sido presentada en marzo de ese mismo año ante la imposibilidad de atender las obligaciones de pago vencidas, por encontrarse en situación de insolvencia.

    La inmobiliaria valenciana, con una trayectoria de más de una década en el sector, explicó entonces que optó por pedir la declaración de concurso voluntario, y no a instancias de sus acreedores, para tratar de «mantener su actividad y entregar dentro de los plazos establecidos las viviendas que ya tiene vendidas».

 

Javier Solana, nombrado consultor externo para temas internacionales de Acciona

    MADRID.  Acciona cuenta desde principios de año con Javier Solana como consultor externo para temas internacionales de su presidente, José Manuel Entrecanales, confirmaron en fuentes del sector.

    El ex alto representante de Política Exterior de la UE compatibiliza este cargo con los otros que ha asumido tras concluir a finales del pasado año su labor de diez años al frente de la diplomacia europea.

    Desde el pasado mes de diciembre, Solana forma parte también de la escuela de negocios ESADE, que le nombró presidente del Center for Global Economy and Geopolitics (Centro para la Economía y la Geopolítica Global) con el fin de convertir este organismo en «un espacio de referencia internacional sobre la evolución de la sociedad global».

    Días después, el Consejo de Ministros aprobaba encomendar a Solana la dirección de la elaboración de la Estrategia Española de Seguridad, una de las principales propuestas del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su discurso de investidura.

    En Acciona, Solana trabaja con carácter de consultor externo si bien cuenta con un espacio de trabajo.

    La incorporación del alto representante de la UE en el el grupo de construcción, servicios y energía encaja con la estrategia de internacionalización que la compañía desarrolla desde hace años con todas sus áreas de negocio.

    El grupo controlado por la familia Entrecanales está presente en más de treinta países incluyendo sus diez mercados clave. En 2008 elevó un 73% su facturación internacional respecto al ejercicio anterior, con lo que representó un 27% de la facturación total del grupo.

 

 

Lena, filial de Nozar en concurso de acreedores, cuenta con activos para cubrir el 73% de las deudas

    MADRID.  Lena, constructora de Nozar en concurso de acreedores, cuenta con activos para cubrir el 73% de las deudas que la compañía de la familia Nozaleda soportaba cuando se declaró insolvente el pasado mes de septiembre.

    Según el informe presentado al juez por la administración concursal de la empresa, Lena cuenta con activos valorados en 11 millones de euros, frente a un pasivo de 15 millones, lo que arroja un déficit patrimonial de 4,4 millones.

    La administración concursal señala a Nozar como principal causa de la insolvencia de Lena. Según el informe, «Lena está en insolvencia porque Nozar y otras sociedades dependientes no han hecho frente a las necesidades constraidas frente a la sociedad constructora». Además, explica que «no sólo no pagaban a Lena sino que, de una u otra forma, se nutrieron de ella».

    Según Iure Abogados, despacho especializado en derecho concursal, los créditos entre empresas tienen carácter de subordinados, esto es, son los últimos en derecho de cobro, «lo que a menudo supone que no sean abonados, con el consiguiente perjuicio para la constructora, que con frecuencia tiene como principal activo el derecho de cobro frente a la promotora por los trabajos ejecutados».

    Así, y al tratarse de empresas del mismo grupo, la administración concursal de Lena considera «causa particular» de su insolvencia «la primacía del interés del grupo sobre el interés social».

    Para Iure, ello «pone de manifiesto un descuido en los deberes de diligencia de los órganos de administración de Lena que, en su opinión, debería ser tenido en cuenta a la hora de evaluar la responsabilidad de los administradores».

    En cuanto a las posibilidades de pago de deuda que presenta la filial de Nozar, y a partir de los datos del informe concursal, el despacho de abogados prevé que «empeorarán en los próximos meses con el devenir del procedimiento concursal en el caso de que finalmente derive en liquidación». Por ello, Iure aboga por el convenio de acreedores como solución «más satisfactoria».

    No obstante, la administración concursal de Lena ha decidido abordar acciones de reintegración, esto es, ha solicitado la rescisión de operaciones realizadas por los gestores de Lena durante los dos años anteriores a la declaración de concurso. Entre ellas, destaca la cesión de derechos de crédito de Lena a Nozar, que ocasionaron un perjuicio patrimonial que ahora deberá restituirse.