Con la reducción de la actividad inmobiliaria, la incidencia de los delitos urbanísticos y contra el medio ambiente también se ve aminorada. Y, cada año, la presentación de la Memoria de la Fiscalía General del Estado sirve para corroborar este extremo.
No obstante, la correspondiente al ejercicio 2013 que acaba de entregar, por primera vez, el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, al Rey Felipe VI, incluye algunos casos investigados que llaman la atención, como es el de los daños a un inmueble protegido, como es el Palacio Casa de la Duquesa de Sueca en Madrid, en el que la actuación del Ayuntamiento de Madrid no sale muy bien parada.
La Fiscalía inició diligencias al haber tenido conocimiento de la situación en que se encontraba el palacio, ya que su estado de abandono y deterioro podría provocar su demolición por ruina.
Se recabó información que permitiese analizar la posible relevancia penal de los hechos comprobándose que el edificio está protegido en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid con Nivel 1 Grado Integral, con el que “se consideran protegidos de forma global, con el fin de mantener sus características arquitectónicas y constructivas, volúmenes, formas y elementos decorativos los edificios de gran calidad, que presentan importantes valores arquitectónicos y ambientales”.
Asimismo, se encuentra dentro de la Cerca y Arrabal de Felipe II del Conjunto Histórico de la Villa de Madrid, declarado Bien de Interés Cultural de la Comunidad de Madrid mediante Decreto 41/1995, de 27 de abril y se comprobó también que forma parte del entorno del Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, Iglesia de San Isidro (antigua catedral), sita en la calle de Toledo.
Dado el mal estado de conservación del edificio de sus anteriores titulares, el mismo fue expropiado por el Ayuntamiento en 1999 que pasó a ser su propietario y habiendo pasado por numerosas vicisitudes administrativas en cuanto a su destino y uso final, lo que se acreditaba es que desde 1998 no constaba la realización de actuación alguna de seguridad, mantenimiento, conservación o rehabilitación del edificio.
Después de analizar toda la documentación y la normativa aplicable, se pudo comprobar que la omisión de las actuaciones precisas de mantenimiento, reparación y conservación de un inmueble que goza del más alto nivel de protección (tanto en el Plan General municipal como por formar parte del entorno de un Bien de Interés Cultural); omisión que dio lugar a la agravación progresiva de los desperfectos que ya presentaba cuando fue adquirido por el Ayuntamiento y que determinó incluso en 2013 la declaración de ruina inminente de alguna de sus partes y su posible demolición para evitar eventuales daños a las personas o a otros bienes protegidos, todo lo cual podría tener relevancia penal.
Por ello, se remitió al Fiscal Delegado de Madrid la información y la documentación recabadas para la apertura de Diligencias de Investigación a fin de que se esclareciese completamente la presunta responsabilidad de los organismos y personas competentes del Ayuntamiento de Madrid, teniendo en cuenta que es la situación de abandono de dichos responsables la que pudo determinar el agravamiento e irreversibilidad de los daños en las partes del edificio a que se refiere la resolución de ruina inminente.
