El Consejo de ministros ha dado el visto bueno este martes a un proyecto de ley que adapta a la normativa española la directiva europea que establece un tipo mínimo global del 15% en el impuesto de sociedades para las grandes empresas. Esta iniciativa, que representa un paso significativo en la lucha contra la elusión fiscal, se enmarca en los acuerdos de fiscalidad internacional acordados por el G20, la OCDE y la Unión Europea.
El proyecto no busca sustituir el tributo que ya existe en España. De hecho, lo complementa. Así lo anunció la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros. Montero precisó que en España ya se aplica desde 2022 un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible. El nuevo tipo europeo, en cambio, se aplicará sobre el resultado neto contable ajustado, haciendo ambas medidas complementarias y evitando la temida doble imposición.
Afectación en el sector empresarial
La aprobación del proyecto de ley tendrá un impacto considerable en el sector empresarial en España. Según cálculos estimados por Montero, la nueva medida afectará directamente a 126 multinacionales con matriz española y a 707 grupos internacionales con matriz extranjera que tienen filiales en España. En total, más de 800 empresas estarán sujetas al tipo mínimo global del 15%, lo que representa un esfuerzo conjunto en el ámbito de la Unión Europea para armonizar la política fiscal y hacer frente a la competencia desleal que puede surgir por diferencias impositivas entre países.
La ministra subrayó la importancia de observar cómo otros países europeos desarrollan esta legislación, dado que se está trabajando en paralelo en varias naciones del continente. La necesidad de coherencia y sincronización en la aplicación de estas normativas es fundamental para garantizar su efectividad y evitar posibles lagunas legales que puedan ser explotadas por las grandes corporaciones para eludir impuestos.
Contexto y urgencia
El contexto en el que se enmarca esta nueva medida es de gran relevancia. El pasado 23 de mayo, la Comisión Europea pidió celeridad a los Estados miembros para incorporar la directiva europea a sus respectivos marcos legales. España había sido objeto de un expediente por parte de Bruselas en enero debido al retraso en la transposición de esta normativa considerada prioritaria por las autoridades comunitarias.
La directiva europea aprobada en diciembre de 2022, viene a materializar un acuerdo global avalado por 140 países miembros de la OCDE. El propósito principal es asegurar que las grandes empresas paguen un tipo mínimo efectivo del 15% en impuesto de sociedades en todos los territorios donde operan. De esta manera, se busca desincentivar el traslado de beneficios a paraísos fiscales o a países con niveles de impuestos significativamente más bajos.
Este marco global de fiscalidad pretende crear un campo de juego nivelado para todas las multinacionales, independientemente de su sede central. Para la Comisión Europea, esta medida es crucial para asegurar que la competencia entre empresas sea justa y no distorsionada por ventajas fiscales desproporcionadas. Además, es una respuesta a las crecientes voces que exigen más transparencia y justicia fiscal en un contexto donde las desigualdades económicas se han acentuado.
Implicaciones para el futuro
La nueva normativa plantea diversas implicaciones para el futuro, tanto a nivel nacional como internacional. En primer lugar, se espera que las multinacionales reconsideren sus estrategias fiscales y de localización de beneficios. Estas empresas tendrán que ajustarse a una normativa que imposibilita el uso de paraísos fiscales para eludir impuestos, lo cual podría influir en sus decisiones de inversión y planificación financiera.
Para España, esta iniciativa también representa una oportunidad para aumentar su recaudación fiscal. La aplicación del tipo mínimo del 15% podría generar ingresos adicionales que pueden ser invertidos en sectores prioritarios como la sanidad, la educación o la infraestructura. Montero ha enfatizado que esta medida ayudará a reforzar la justicia fiscal y a asegurar que las grandes empresas contribuyan de manera justa al sostenimiento de los servicios públicos.
El escenario europeo, por su parte, se encamina a una mayor integración fiscal gracias a este tipo de medidas. La coordinación y armonización fiscal entre los países miembros de la UE son esenciales para evitar la competencia desleal y asegurar que todos los Estados puedan beneficiarse de una recaudación justa. La normativa también aspira a fortalecer la estabilidad económica del bloque comunitario, especialmente en un momento de desafíos económicos globales.
