La Agencia Tributaria de España está considerando una medida radical para intensificar su lucha contra el fraude fiscal: el seguimiento de todos los pagos realizados con tarjetas bancarias, incluyendo las transacciones tan pequeñas como de un euro. Esta propuesta, aún en fase de consideración y enviada a la Comisión Europea, refleja un cambio significativo en el enfoque de la administración tributaria para asegurar una declaración fiscal correcta y completa por parte de los ciudadanos y empresas del país.
Actualmente, la Agencia Tributaria dispone de diversas herramientas para monitorear las transacciones financieras, como la obligación de declarar ciertas ventas a través de plataformas en línea como Wallapop o el seguimiento de los pagos realizados a través de Bizum que superen ciertos límites. A pesar de esto, la agencia busca expandir sus capacidades de supervisión para incluir todas las operaciones realizadas con una amplia gama de tarjetas, incluyendo crédito, débito, prepago, virtuales y para compras en línea, en cualquier moneda.
El informe presentado a la Comisión Europea, que forma parte de una evaluación de la ley de medidas contra el fraude aprobada en 2021, sugiere que esta nueva obligación de información podría ser una estrategia eficaz para reducir el fraude fiscal. Esta medida permitiría a Hacienda tener un registro detallado de todas las compras realizadas con tarjeta, lo que representa un avance significativo en comparación con el sistema actual, que requiere una solicitud específica a las entidades bancarias para acceder a esta información y se limita principalmente a transacciones superiores a 3.000 euros.
La implementación de esta medida tendría implicaciones profundas tanto para los consumidores como para las empresas. Por un lado, permitiría a Hacienda cotejar de manera más precisa los ingresos reportados por autónomos y empresas con los pagos recibidos por tarjeta. Por otro, ampliaría significativamente el alcance del control fiscal, al incluir todas las tarjetas, y no solo las de crédito como ocurre actualmente.
Esta propuesta, aunque todavía no es parte del reglamento en España, refleja una tendencia creciente hacia una mayor transparencia y control en las operaciones financieras. La medida se alinea con los esfuerzos realizados por la Agencia Tributaria para adaptarse a los nuevos desafíos que presentan las transacciones en línea y el comercio electrónico, y muestra la determinación del gobierno en su lucha contra el fraude fiscal.
El debate sobre esta propuesta seguramente generará discusiones en torno a la privacidad y la seguridad de los datos, así como sobre la efectividad de tales medidas en la reducción del fraude fiscal. Sin embargo, es evidente que la Agencia Tributaria está explorando todas las opciones posibles para asegurar que todos los ciudadanos y empresas en España cumplan con sus obligaciones fiscales, en un esfuerzo por mantener la integridad y la equidad del sistema tributario del país.
