Un 45,7% de españoles opinan que se hacen» pocos esfuerzos» para luchar contra el fraude fiscal, mientras que un 15,3% opina que se hacen «muy pocos esfuerzos» en controlar estas irregularidades.
Diego Cabezuela, socio fundador y abogado de Círculo Legal, apunta que para vencer al fraude «no basta con cambiar las leyes, hay que conseguir que se apliquen de verdad y eso a veces lleva tiempo».
El fraude fiscal en España es un tema que preocupa a la ciudadanía. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), más de un 93% opina que el fraude fiscal tiene un impacto negativo en la sociedad, mientras que solo el 1% cree que no tiene efectos importantes.
En la inauguración del IV Congreso Nacional Antifraude de la World Compliance Association, Diego Cabezuela, socio fundador y abogado de Círculo Legal, ha mantenido que la lucha contra el fraude, en general, y la corrupción «no es asunto fácil, cuesta mucho cambiar los vicios anclados en una sociedad durante muchas generaciones».
Los datos publicados por el CIS muestran que más de un 90% de la población cree que existe «mucho» o «bastante» fraude fiscal en España. Para Diego Cabezuela, es necesario que «desde las Administraciones Públicas se proteja a los denunciantes o alertadores que se atreven a sacar a la luz casos de fraude», añadiendo la necesidad de contar definitivamente con «una Administración Pública neutral, profesional y trasparente».
Sobre la protección de los denunciantes, el abogado resaltó el papel decisivo de la Directiva Europea de próxima implementación en España que, además de brindar a los denunciantes una sólida protección legal, los reconoce como «personas que prestan un servicio impagable a la sociedad».
Pese a la gran cantidad de casos de corrupción que se producen en España, Cabezuela puso en valor la capacidad de respuesta del sistema judicial pese a la lentitud de los procesos. Apuntó que, «pese a la mala percepción que los españoles tenemos de nuestra propia justicia, esta se halla bien situada en los rankings internacionales, por delante de países como Estados Unidos o Francia».
El pico más alto de la preocupación por el fraude fiscal en España fue en 2017, cuando más de un 95% de los encuestados en el estudio del CIS consideraron que había «mucho» o «bastante» fraude fiscal. 2017 fue el año en el que se produjo la condena de Iñaki Undargarin. Diego Cabezuela señaló que para combatir el fraude y la corrupción es preciso «un derecho que esté por encima de los gobernantes y unos tribunales libres e independientes, a los que no les tiemble la mano, y en los que cualquier ciudadano pueda confiar».
También aludió en su presentación al preocupante crecimiento de la ciberdelincuencia en los últimos años y a las graves dificultades que entraña prevenir o neutralizar este fenómeno. En su opinión, indicó, las nuevas formas de ciberdelincuencia están dejando «fuera de juego muchos de los sistemas de protección».
