Desde la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España denunciamos, una vez más, la situación en la que ha dejado a las cooperativas de vivienda la aprobación del Real Decreto Ley (17/2018) por el cual son las Entidades Financieras y no los ciudadanos los que tienen que pagar el Impuesto Actos Jurídicos Documentados. El problema, que ha quedado más que demostrado, es que estas entidades acaban repercutiéndoselo al cliente de forma indirecta y, por lo tanto, éste sigue pagando el AJD.
Recordamos que, hasta la puesta en marcha del Real Decreto, las cooperativas estaban exentas de pagar dicho impuesto, pero a partir de ahora, como las Entidades Financieras se ven obligadas a asumir un coste que antes no tenían, se lo repercuten indirectamente a las cooperativas con el importante incremento que ello supone en el coste directo de sus viviendas. Ahora, los más de 20.000 ciudadanos y familias que buscan una vivienda cooperativa en España tendrán que pagar el impuesto AJD y ello ha derivado en que desde su aprobación, hay en España 1.200 viviendas cooperativas paralizadas ante el pago de los AJD indirectamente en todos los préstamos que se precisan a lo largo del proceso promotor.
Desde CONCOVI advertimos de que esta medida afecta de forma inadmisible al impulso y desarrollo de la Economía Social en materia de vivienda y frena la creación de empleo en un sector, como son las cooperativas de vivienda, que genera miles de empleos directos al año. Por ello, exigimos que las cooperativas se contemplen expresamente como una exención subjetiva, al igual que se contemplan exentos otros grupos como los Partidos Políticos o la Iglesia. Así mismo, reivindicamos que se especifique que, como parte de la Economía Social, las cooperativas de vivienda no pagarán este impuesto y, por lo tanto, el banco en ningún caso podrá repercutírselo.
Tras haber mantenido conversaciones con la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y al no haber obtenido respuesta alguna hasta la fecha, CONCOVI se ha reunido con la Directora General de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, María Antonia Pérez León, para trasladarle las legítimas exigencias de las cooperativas de vivienda, que se han visto notablemente perjudicadas tras el Real Decreto 17/2018.
Como único Agente Social reconocido por el Estado en materia de vivienda, nuestra obligación es reivindicar tantas veces como sea necesario que las cooperativas de vivienda vuelvan a su estado de exención ante este impuesto que nunca antes habían tenido que pagar.
