El Gobierno de Extremadura, en una reunión de marcado carácter fiscal, ha tomado la decisión de no eximir a los centros sanitarios del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
En principio, en el proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Patrimoniales, Financieras y Administrativas aprobado se incluía una disposición que vinculaba la actividad de los centros sanitarios con la formación de nuevos profesionales y la prestación de servicios educativos, lo que fundamentaría la exención del pago del impuesto.
Sin embargo, finalmente no se ha incluido la referida atendiendo a las consideraciones expresadas por las distintas entidades locales que han formulado alegaciones a la exención del IBI sanitario y buscando el mayor consenso posible en esta cuestión.
La decisión sobre el IBI sanitario obedece estrictamente a la búsqueda del consenso y del diálogo entre administraciones públicas, ya que en sus aspectos legales la medida contaba con los pronunciamientos favorables del Consejo de Estado, de la Abogacía General de la Junta de Extremadura y del Consejo Económico y Social.
En este marco, el Ejecutivo extremeño ha aprovechado la aprobación de este proyecto de ley para apelar a la necesidad de abrir un debate nacional sobre la necesidad de mejorar la financiación de las haciendas locales, y ha mostrado el compromiso de la Junta de Extremadura con las entidades locales para que se puedan prestar los servicios públicos con criterios de eficiencia, racionalidad del gasto y estabilidad presupuestaria.
El proyecto de ley incluye medidas de acompañamiento a los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2016 que el Ejecutivo tiene previsto que puedan entrar en vigor a partir del próximo día 1 de octubre, aunque algunas medidas no se aplicarán hasta el próximo ejercicio presupuestario, como las que afectan al IRPF y al impuesto de Patrimonio.
El proyecto de ley, que tendrá un impacto valorado en 9 millones de euros, incluye una reforma parcial de los impuestos de la Comunidad Autónoma (supresión de beneficios tributarios y revisión de gravámenes) y con él se pretende afrontar los compromisos de la Ley de Estabilidad y la reducción del déficit.
Además, el Ejecutivo autónomo también se compromete a luchar contra el fraude fiscal a fin de mejorar la eficacia recaudatoria en los ingresos para reducir el nivel de endeudamiento. Entre otras medidas, se contempla un mínimo exento de 2 metros cúbicos por vivienda en el canon de saneamiento, con lo que se excluyen del gravamen las necesidades más básicas.
En cuanto al IRPF, se mantienen todas las deducciones en la cuota íntegra autonómica, salvo la que se refiere a la adquisición de segunda vivienda en el medio rural, lo que supondrá una recaudación prevista de 483.000 euros.
Respecto al impuesto de Patrimonio, se baja el mínimo exento de 700.000 a 500.000 euros, lo que supondrá unos ingresos de 1,05 millones de euros; en el de Donaciones se suprimen las Bonificaciones del 99%, 95% y 90% (1 millón de recaudación); y en el de Actos Jurídicos Documentados se eleva al 1,5% el tipo de gravamen general y al 3% el que recae sobre escrituras públicas en las que se renuncia a la exención del IVA (6 millones de euros de recaudación).
