Los ayuntamientos no acaban de apreciar la recuperación del mercado inmobiliario en forma de ingresos procedentes de la obra nueva. Básicamente porque la promoción sigue siendo muy escasa y limitada a zonas muy concretas de las grandes ciudades.
Pero sí lo están haciendo las comunidades autónomas como consecuencia, en este caso sí, del incremento exponencial que se está produciendo en la compraventa de viviendas de segunda mano.
Crecen las operaciones y también lo que estas dejan en las arcas autonómicas a través del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el principal tributo que se paga en la compraventa de vivienda usada.
En los nueve primeros meses del año se habían cerrado una 11% más de operaciones, porcentaje que supone la mayor subida desde 2007, el último año antes de que explotara la burbuja inmobiliaria.
Un volumen de ventas que ha repercutido en un incremento de lo ingresado por esos impuestos del 14%. Más de 5.100 millones de euros, muy por encima de los aproximadamente 4.500 millones que se recaudaron entre enero y septiembre de 2014.
Si la tendencia se mantiene en el último trimestre de 2015, estaríamos hablando de una cantidad cercana a los 7.000 millones de euros. Y todo apunta en ese sentido si se observa como el crecimiento interanual es mayor cada mes. En septiembre, la recaudación de este impuesto repuntó un 24,36%, el mayor aumento del año.
Evidentemente, ni con este notable repunte se llega a los ingresos que se obtenían en pleno ‘boom’ inmobiliario, cuando, por ejemplo en 2006 -cuando todavía no había ni atisbos de la que se venía encima-, las comunidades autónomas ingresaban por este tributo casi 19.000 millones de euros, casi tres veces más de lo que obtendrán al final del presente ejercicio.
Extremadura y Aragón son los territorios donde más crece la recaudación, por encima del 30% hasta septiembre, mientras que Castilla-La Mancha y Asturias no solo no sube, sino que baja. Cuantitativamente, por el número de operaciones realizadas, Cataluña ha ingresaba hasta septiembre 1.100 millones y 825 la Comunidad de Madrid.
Y la cosa pinta bien para el próximo ejercicio. El Ejecutivo presidido por Cristina Cifuentes ha previsto en los presupuestos de 2016 que el impuesto sobre transmisiones patrimoniales crezca un 15%, y en Andalucía que lo haga por encima del 9%. Por el contrario, en Valencia no lo ven tan claro, y estiman que los ingresos por esta partida se reduzcan casi un 3%.
