El Ayuntamiento de Valencia, presidido por Joan Ribó, ha pasado de las palabras a los hechos por lo que a bajada de impuestos se refiere, y lo ha hecho en el que más impacta en el bolsillo de los ciudadanos, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Pero para ello, ha puesto algunas condiciones para que la anunciada congelación no se quede solo en eso, y se note más.
Así, las modificaciones fiscales introducen una bonificación del 50% en el IBI a los propietarios de viviendas que certifiquen que están haciendo uso de energías alternativas o del 90% de la tasa que se abona por obras en el caso de rehabilitaciones y reformas de viviendas, con el fin de que los vecinos se animan a llevar a cabo actuaciones que son muy necesarias en muchos inmuebles que presentan un estado de conservación manifiestamente mejorable.
Otra de las novedades fiscales pasa por la equidad tributaria que se pretende aplicar a la hora de recaudar el IBI, con un tipo de gravamen diferenciado para aquellos inmuebles de alto valor catastral que no sean de uso residencial ni sanitario, ni tengan carácter benéfico o cultural. Este incremento está en línea con lo que ya aplican otras grandes capitales españolas.
Para el conjunto de los ciudadanos, el tipo de gravamen del IBI descenderá del 0,886% al 0,806% para compensar el incremento llevado a cabo por el Gobierno central del coeficiente de actualización de los bienes inmuebles de naturaleza urbana que está previsto incorporar al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016.
En materia de aplazamientos y fraccionamientos, se ampliarán los tramos de deuda aplazable y fraccionable y los plazos máximos de pago, con la finalidad de flexibilizar el pago para los vecinos con mayores dificultades económicas. Se trata de que las deudas se paguen, pero sin ahogar a las familias que cuentan con recursos insuficientes para hacer frente al pago de los impuestos en el momento de su vencimiento.
El plazo máximo previsto para el pago de deudas de entre 350 y 1.350 euros se amplia de 3 a 6 meses y el plazo máximo previsto para el pago de deudas de más de 1.350 euros y hasta 6.000 euros se amplía de 6 a 9 meses.