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El País Vasco corrige desigualdades en vivienda tras separación o divorcio

Los separados y divorciados vascos que se ven obligados a dejar la vivienda habitual tras la ruptura matrimonial están de enhorabuena, ya que están a punto de implementarse medidas para corregir las desigualdades que se estaban dando.

Entre ellas, la deducción por reinversión en vivienda a los dos cónyuges, de la que, hasta ahora, solo se podía beneficiar el cónyuge que se quedaba con la vivienda familiar y con los hijos. En el 86% de los casos de divorcio, la custodia de los hijos y el uso de la vivienda se adjudica a las madres hasta que los vástagos se independizan económicamente.

Esto supone que el 73,5% de los padres y el 4% de las madres debe salir del hogar conyugal, pero eso no les exime, como ha ratificado el Supremo, de seguir pagando la hipoteca –desde 2011 a partes iguales–, independientemente de su renta, al no ser considerado una carga familiar.

Tras una separación, el 37% de los hombres se ve obligado a vivir con padres o familiares; solo el 33,8% se puede permitir vivir en piso compartido y, de acuerdo con los datos de las asociaciones vascas de padres y madres separados, hasta un 22% habilita locales o garajes.

El problema surge al vender el piso. Quien lo ha estado usando tiene derecho a no pagar nada a Hacienda por esa venta y además puede desgravársela en concepto de reinversión en vivienda habitual.

Al cónyuge que se ha tenido que ir de esa casa no se le reconoce ese mismo derecho y, además, debe pagar el impuesto de incremento de valor patrimonial, algo que en algunos casos ha rondado los 28.000 euros.

De hecho, Hacienda había encontrado un filón en esos colectivos ya que considera que el ex cónyuge que no se ha beneficiado de la casa, al venderla, incluso aunque haya tenido que pedir un crédito para pagar la mitad de la hipoteca, ha obtenido una ganancia patrimonial, y le reclama entre un 19% y un 21%.

El Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) ha visto la problemática y dictado las pautas para que las normas de las tres provincias vascas tengan un tratamiento armonizado y beneficien en la misma medida a ese colectivo. En 2013 de produjeron en Euskadi más de 3.500 divorcios, de los que 1.870 se produjeron en Vizcaya, 1.142 en Gipúzcoa y el resto, en torno a 550, en Álava.

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