O todos o ninguno y en todas partes. Ese es el objetivo que se ha propuesto alcanzar El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo y Eroski, que se sienten muy perjudicados por la tasa de algunas autonomías y que, echadas las cuentas, amenaza con destruir 1.800 empleos y recortar la inversión prevista. Al final, detrás de esta inquietud no hay otra cosa que una caída en picado del consumo con caídas de las ventas superiores al 30%.
Un problema evidente más de la dispersión normativa existente. De momento, Cataluña, Aragón, Asturias, Navarra y La Rioja obligan a pagar este impuesto. Baleares también lo ha aprobado pero todavía no lo cobra. Y en Andalucía, los dos partidos en el Gobierno, PSOE e IU, discrepan sobre su implantación.
Al final, lo que pasa, como en tantos otros aspectos regulatorios, es que la Administración Central no puede impedir que las autonomías retiren este impuesto, aunque sí carga con las presiones procedentes de las grandes empresas para intentar detener este nuevo impuesto recaudatorio que va camino de imponerse en todo el territorio nacional.
Otro de los puntos más susceptibles, criticado por las grandes distribuidoras, es las serias discordancias que supone para la competencia el hecho de que el impuesto no lo paguen empresas con formatos medianos, como Mercadona, debido a que sus espacios no rebasan los metros cuadrados exigibles para pagar esta tasa.
Para evitar esta supuesta desigualdad de trato, la propuesta que se pretende implantar en Andalucía pasaría por cobrar una cantidad que podría oscilar entre los ocho y los nueve euros por metro cuadrado de superficie a los establecimientos comerciales que rebasen los 2.500 metros cuadrados.
En Andalucía, existen 245 grandes superficies y hay licencias concedidas para más de un millón de metros cuadrados. Los estudios que ha realizado la consejería de Turismo y Comercio demuestran que con la tasa verde podrían recaudar entre 15 y 20 millones de euros al año. Su consejero, Rafael Rodríguez, sostiene que la medida en sí no pretende limitar la competencia sino al contrario, "corregir las desigualdades" entre distintos formatos y preservar el modelo tradicional de comercio.
La patronal critica el hecho de que las autonomías que han puesto en marcha este sistema recaudatorio lo justifican como un impuesto verde de que "quien contamina paga", cuando lo único que se persigue con ello es ingresar más pero apretando a los grandes. Además, denuncian que es completamente discriminatorio porque se está gravando un tipo de formato comercial y, por el contrario, se beneficia a otros establecimientos comerciales.
