Madrid. Conseguir que paguen el IBI los bienes inmuebles propiedad de las confesiones religiosas, cuyo uso no esté destinado al culto” es el objetivo de la moción que los socialistas van a impulsar en todos los ayuntamientos de España en los que cuentan con representación. Una iniciativa que, en palabras del Secretario de Ciudades y Política Municipal, Gaspar Zarrías, busca que “los esfuerzos que todos estamos haciendo: ciudadanos, administraciones, empresas e instituciones” para luchar contra la crisis, “también sean compartidos por las confesiones religiosas, especialmente por la Iglesia Católica propietaria de la inmensa mayoría de estos inmuebles”.
Esta fue la decisión que tomó la Comisión Permanente de la Ejecutiva Federal en su última reunión y mandató al responsable de Política Municipal para que pusiera en marcha las iniciativas correspondientes de los socialistas en los Plenos municipales.
Actualmente, la Iglesia Católica está exenta de tributar por el IBI a raíz del Concordato con la Santa Sede (1979), y las confesiones judía, protestante y musulmana también lo están a través de los respectivos Acuerdos de Cooperación (1992). Estos beneficios fiscales totales o permanentes, recogidos a su vez en la vigente Ley de Haciendas Locales, se aplican a templos y lugares de culto, dependencias o edificios anejos destinados a la actividad pastoral o asistencia religiosa, locales destinados a oficinas, casas y conventos de órdenes y congregaciones religiosas.
Sin embargo, los socialistas consideran que “esta exención legal, que sólo está referida a las finalidades vinculadas al culto, debe ser revisada”, ya que en las décadas precedentes se ha realizado una aplicación extensiva de la misma, de forma que ha alcanzado a bienes inmuebles no vinculados al culto y no estipulados por la ley vigente como pisos, plazas de garaje, lonjas,…; e incluso a la exención del pago de las tasas municipales establecidas por los ayuntamientos.
En ese sentido, Zarrías ha señalado que “nosotros apostamos por una legislación que evite privilegios y discriminaciones por razón de convicciones y creencias, y que establezca un tratamiento fiscal de las distintas confesiones igual que el del resto de instituciones”.
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