Madrid. La Comisión Europea y el Eurogrupo vuelven a poner sobre la mesa la disparidad de criterios a la hora de evaluar la situación de las finanzas europeas. Ayer miércoles, la Comisión publicaba su último informe, el de verano, relativo al seguimiento de la recapitalización del sistema financiero español para ver si se están cumpliendo todos los deberes impuestos a cambio de recibir los hasta ahora 41.300 millones de euros.
Y, como siempre, la conclusión a la que llegan no puede ser más ambigua. Lo habitual. Que se descarta ampliar esa ayuda, pero solo de momento, que en septiembre, o sea ya, volverán a Madrid los ‘hombres de negro’ dirigidos por Servaas Deroose, y entonces ya veremos.
Y acto seguido, para más inri, salía a la palestra el presidente del Eurogrupo y ministro holandés, Jeroen Dijsselbloem, para decir que el programa de ayuda a la banca está yendo bien, pese a que la recesión y la morosidad pueden provocar más pérdidas, y lanzar un aviso a navegantes. “Habrá que ver si los bancos españoles necesitan más capital”.
Por lo demás, el informe de la Comisión asegura que el plan de saneamiento de la banca española sigue encarrilado y que España ha cumplido casi todas las condiciones establecidas. En cuanto a la solvencia asegura que ha aumentado consecuencia de la recapitalización y de la transferencia de activos tóxicos a la Sareb, y los ratios están claramente por encima de los requisitos europeos.
Parece idílico, pero llegan los ‘peros’. España debe vigilar la evolución de la calidad de los activos de sus bancos y de sus balances, ya que existe la preocupación en Europa de que el sector financiero no solo está dañado en los países periféricos, sino en los demás países también.
Otro lunar es el decreto andaluz contra los desahucios, decreto recurrido por el Gobierno Central ante el Tribunal Constitucional, que puede suponer un reto para la estabilidad del sector. La Comisión teme que las sanciones a los bancos por mantener casas vacías y las expropiaciones temporales que puedan llevarse a cabo a los bancos para evitar desahucios en situaciones vulnerables acaben poniendo en peligro los objetivos del programa de rescate bancario y ahuyentar a los inversores.
Uno de los más afectos por el decreto sería el banco malo, Sareb, que se enfrentaría a incertidumbres jurídicas que podría tener un impacto negativo en su actividad, tanto directo, debido a las sanciones, como indirecto al rebajar el interés de los inversores lo que conllevaría al deterioro del valor de la cartera del banco malo, ante la falta de competencia por sus activos. Según los datos de la Comisión Europea, un 10 % de la cartera de activos transferidos a la Sareb se encuentra en Andalucía, unas 6.000 viviendas.
