Madrid. Aquella tronchante secuencia de la conocida película de los Hermanos Marx en la que parecía que no cabía nadie más en un camarote y, a pesar de ello, seguía entrando gente, viene como anillo al dedo para lo que está sucediendo en España con los inversores privados que tienen que entrar en la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido banco malo.
Y es que el Gobierno –que se pensaba en un principio que los bancos iban a entrar con docilidad para poner sobre la mesa esa mayoría del 51% en la sociedad y evitar así que el Estado no tuviera que apuntarse como deuda una participación mayoritaria– se las está viendo y se las está deseando para lograr su objetivo.
Con la inicial espantada del BBVA, todo el esquema se le vino abajo. Es cierto que otros bancos, como Santander, La Caixa, Sabadell, Bankinter y Kutxabank, sí parecen dispuestos a entrar, como también parecen dispuestas las principales aseguradoras, Mapfre, Axa, Mutua Madrileña y Catalana de Occidente.
Pero, con todo, se sigue ofreciendo el tema a todo el que se pone a tiro. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, no quiere tener sorpresas de última hora y está llamando a todas las puertas.
Bancos extranjeros asentados en España, o Telefónica , Repsol y Cepsa han recibido la llamada del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), con una respuesta ambigua. Ni si ni no. O sea, que ya veremos. A todos se les dice lo mismo, que su participación traería consigo un efecto arrastre sobre otros inversores y otros sectores productivos.
Entre esos sectores figuran también las eléctricas. Tanto Unesa, la patronal, como las empresas bandera del sector, Iberdrola y Endesa, también han recibido la oferta del Gobierno para entrar en el banco malo. En principio, el Ejecutivo les ha pedido una aportación de diez millones de euros a cada una, una oferta que también podría hacerse extensible a Gas Natural Fenosa. En este caso, el sector puede utilizar su eventual entrada en el capital de la Sareb a cambio de negociar una posible modificación in extremis del impuesto del 7% que grava la producción eléctrica.
