Madrid. O la gente no se ha enterado o realmente, y a pesar de todo lo que se está hablando, el problema relativo a las necesidades de miles de ciudadanos para pagar los préstamos no es tan alto como pudiera pensarse. Porque, si lo fuera, resulta difícil entender la razón del escaso seguimiento que ha tenido el tan cacareado Código de Buenas Prácticas.
Desde el Ministerio de Economía y Competitividad se muestra cautela antes de hacer una valoración de esta circunstancia, y tratan de justificarla por el hecho de que es un poco pronto. Que tres meses no son suficientes, que habrá que esperar al menos seis para ver qué pasa.
Pero, digo yo, si la necesidad era tan acuciante como parecía y, en los tres primeros meses de vigencia, tan solo se han presentado 568 solicitudes para conseguir la dación en pago, resulta difícil pensar que, con el paso del tiempo, esas solicitudes vayan a registrar un incremento exponencial.
Además, y a la vista del primer balance sobre el seguimiento de este Código de Buenas Prácticas, otro dato resulta especialmente llamativo. Como es que solo se hayan registrado solicitudes en apenas el 30% de las entidades adheridas. En 62 bancos y cajas ningún cliente mostró el más mínimo interés. Lo que lleva a pensar que, evidentemente, la adhesión se hizo únicamente y exclusivamente para guardar las apariencias y no quedar como un apestado, pero sin el más mínimo interés por realmente impulsar la medida entre los clientes.
Y si analizamos qué es lo que ha ocurrido con esas 568 solicitudes tenemos que, al final, entre unas cosas y otras, solo ocho familias obtuvieron la dación en pago y la extinción de su deuda hipotecaria, y seguramente –y esto no se comenta en el primer balance realizado por el Ministerio– porque esa deuda resultaba ya insignificante.
Del resto, la mitad están pendiente de resolver y la otra mitad, además de las ocho daciones, se saldaron con 44 reestructuraciones de la deuda pendiente de pago o, en su mayoría, rechazadas porque el deudor no cumplía las condiciones requeridas. O no todos los miembros de la familia carecían de rentas, o la cuota de la hipoteca no superaba el 60% de los ingresos, o el precio de la vivienda excede de los umbrales fijados en función del municipio donde se encuentre el bien.
