Madrid. Ya en febrero, cuando aprobó el Real Decreto Ley de saneamiento del ladrillo en los balances de las entidades financieras, el Gobierno sabía que los datos facilitados por esas entidades relativos a la supuesta normalidad –al corriente de pago sin problema alguno– de más de 120.000 millones de euros en préstamos otorgados a la contrucción y promoción inmobiliaria no respondían a la realidad. Que se estaban camuflando impagos de esos créditos con mil y un artificios contables.
Por eso, ante la presión de las entidades, el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy, a instancias de su ministro de Economía, Luis de Guindos, obligó únicamente a aportar una dotación de capital del 7%, algo menos de 10.000 millones de euros, para cubrir la contingencia de que parte de esos créditos entraran oficialmente en mora.
Tres meses después, y ante la cruda realidad de la situación, con cada vez más impagos por parte de los promotores, el Gobierno ha decidido que esas provisiones sean mucho más aproximadas a la realidad. Es por ello, que el Consejo de Ministros del próximo viernes va a aprobar otro Real Decreto –será el segundo, pero seguramente no el último – para que las entidades aporten otros 40.000 millones, los que entiende suficientes para cubrir impagos en torno al 30% de esos anormales ‘créditos normales’.
Como la mayoría de las entidades no podrá hacer frente a esta dotación adicional de capital, será el propio Estado el que se vea obligado a aportar las ayudas públicas que sean necesarias, a través del mecanismo alternativo que se articule en el que depositar los activos más problemáticos ya con precio ajustado.
Y, a partir de aquí, veremos, cómo responden los mercados. Si llega de nuevo la financiación y todo se encarrilla. Aunque, habrá qué ver la evolución de ese mercado minorista hipotecario. Esos 656.000 millones de euros para la compra de vivienda pendientes de amortizar.
Es verdad que el ratio de morosidad de este producto sigue más o menos controlado en el conjunto de las entidades financieras –ya se sabe, aquello de que la hipoteca es lo último que se deja pagar–, pero también que mes a mes, a medida que aumenta el desempleo y la situación de las economías domésticas se deteriora todavía más, se está produciendo un incremento de los impagos. Sin ir más lejos, el Grupo BFA-Bankia, presidido desde hoy por José Ignacio Goirigolzarri, hace cinco meses, al final del pasado ejercicio, ya reconocía una morosidad por estos préstamos de casi el 4,2%, un 11% más que un año antes.
