Menuda la que se ha liado al hacer públicos el Tribunal Supremo los informes con los que supuestamente el Gobierno se basó en 2013 para acometer el recorte a las energías renovables, y comprobar que uno de esos informes se hizo con posterioridad a la ley.
Según estos informes obtenidos por el Tribunal Supremo en el día de ayer, el Ministerio de Industria había decidido de antemano lo que se expone en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y, después, pidió uno de los informes para que cuadrara con lo que exponía. O sea, que se tomó la decisión sabiendo que no estaba legitimada y se recaban apoyos posteriores de firmas reconocidas.
Desde la Fundación de Energía Renovables tienen claro que los recortes no han sido fruto de informes imparciales, sino de una voluntad política. Argumentan esta afirmación con la negativa de Boston Consulting Group, empresa encargada de uno de los informes, a cumplir con el contrato que ligaba a esta empresa con el Ministerio de Industria.
Esta consultora había realizado unos años antes de que se aprobara la Ley del Sector Eléctrico un estudio sobre la viabilidad y evolución de las renovables entre 2011 y 2020 para el propio Instituto de Diversificación y Ahorro de Energia (IDAE). El contrato todavía no se ha hecho público.
El Ministerio se había resistido a publicar estos informes y a incluirlos en el expediente sobre los recursos contencioso administrativos presentados en contra de la orden ministerial 1045/2014 y en contra del real decreto 413/2014 en los que se fijan los nuevos parámetros retributivos de las renovables y la cogeneración. Al final, los ha proporcionado forzado por el Alto Tribunal.
El contrato firmado por dichas consultoras con el IDAE, por un importe de un millón de euros, tenía como objeto “la asistencia técnica” para “la elaboración de estudios que valoren y establezcan los estándares de costes de inversión y operación de las tecnologías del régimen especial”.
Su adjudicación fue denunciada de inmediato por la asociación fotovoltaica Anpier, por considerar que habría requerido de un concurso público, y el papel de las consultoras ha estado desde entonces rodeado de opacidad y polémica.
En primer lugar, porque el resultado de los cálculos elaborados por ambas firmas no fue tenido en cuenta en los parámetros aprobados finalmente por el Ministerio de Industria pues, según se filtró, de ellos se desprendía un menor recorte de los ingresos de las instalaciones, en línea con las propuestas de las empresas.
Y, en segundo lugar, porque, tras las decenas de recursos contra la nueva retribución ante el Tribunal Supremo, el ministerio decidió no incluirlos en el expediente administrativo puesto a disposición de los recurrentes. Finalmente y tras exigírselo el alto tribunal, el ministerio desveló esta información.
Según las diligencias de ordenación remitidas a las partes por el Supremo, la documentación presentada por Industria consiste en tres DVD que, por su tamaño, han sido colgados en un servidor del Ministerio para que los afectados accedan a ella.
Bueno, parte de ella ya que, según los afectados, aunque el contrato de Boston se haya roto, su informe existió. Todo apunta a que el ministerio ha forzado en este tiempo a las consultoras a modificar sus cálculos, algo que, por lo que se ve, no ha logrado con Boston. De hecho, pese a que el nuevo mecanismo de parámetros entró en vigor en junio del año pasado, el informe de Roland Berger es muy posterior, está fechado el 31 de octubre de 2014, según la información conocida.
