Solo los argumentos económicos, y no medioambientales, han llevado a la Generalitat de Cataluña a prohibir las instalaciones con el objeto de utilizar esa técnica basada en la destrucción de la roca madre del suelo mediante la inyección a presión de agua y productos químicos, la conocida práctica del fracking.
Si el tema hubiera resultado rentable no se abría incluido, en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, la modificación de la normativa que recoge que no se permitirá utilizar la fracturación hidráulica cuando pueda tener “efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas”.
La prohibición viene motivada por las conclusiones a las que llegaron los técnicos encargados de hacer un estudio sobre el tema para conocer las potencialidades de la extracción de hidrocarburos mediante la fractura hidráulica. Los resultados no pudieron ser peores.
Según los cálculos geológicos, la fracturación hidráulica (fracking) apenas garantiza el equivalente a ocho meses de consumo de gas natural de la comunidad, aunque otras estimaciones elevan esas previsiones a un máximo de siete años.
Ocho meses o siete años, da igual. Lo cierto es que el subsuelo catalán no tiene las condiciones necesarias para que la extracción mediante fractura hidráulica sea rentable. Según los expertos, es necesario que la roca madre que se tenga que explotar se encuentre a una profundidad de entre 1.000 y 4.000 metros y con una superficie de miles de kilómetros. Además, la roca madre debe tener un mínimo del 2% de materia orgánica.
El informe destacaba que, por ejemplo, en Estados Unidos, las superficies explotadas nunca son inferiores a los 12.000 kilómetros cuadrados. Es decir, una tercera parte del total del territorio catalán.
Hasta ahora, la Generalitat de Cataluña, sin respaldo legal para la prohibición de estas prácticas, había venido dando largas al asunto ante las presiones sociales existentes, denegando, en varios casos, las peticiones de licencias para utilizar el fracking bajo el argumento de que había expirado el plazo para presentar la documentación requerida.
A partir de ahora, podría surgir un conflicto derivado de las cuatro licencias otorgadas por el Ministerio de Industria para analizar si se puede extraer petróleo o gas en zonas a caballo de Cataluña y Aragón. Si el resultado de estas pruebas fuera positivo y se pidiera su explotación, el Ejecutivo catalán, con la prohibición legal expresa aprobada tendría potestad para denegar el permiso.
