La aplicación de las nuevas y menores primas por la producción de energías renovables se va a demorar más de lo previsto en la reforma eléctrica. Ya no entrarán en vigor antes de que acabe el año porque un tribunal, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha echado para atrás el contrato que Industria, a través del IDAE, había adjudicado a dos consultoras para que estimaran las inversiones realizadas por 55.000 productoras de energía solar fotovoltaica, con vistas a una atribución de rentabilidad razonables.
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha atendido la denuncia de la asociación Anpier, basada en la negativa del IDAE a poner a su disposición una copia del expediente de licitación. Se quejaba Anpier en su escrito de que la no entrega de dicho expediente producía indefensión ante el hecho de no poder alegar en una cuestión que afecta tan directamente a los productores de estas energías.
Y lo hacían precisamente tomando como referencia las instrucciones internas para la contratación del IDAE, que establecen que “Con el fin de dar publicidad a la solicitud de ofertas, la información relativa a la licitación se insertará en el Perfil de Contratante que se dispondrá en la página Web oficial de IDAE, mediante procedimiento que permita dejar constancia de la fecha en que se hace pública”. Algo que, en esta ocasión, no se produjo.
Se trata de un capítulo más de la polémica reforma del sector eléctrico, que para este colectivo supone lastrar el futuro energético sobre la base de un modelo energético contaminante y dependiente de combustibles fósiles.
De todas formas, antes de que se anulara este contrato, Roland Berger y Boston Group, las dos consultoras contratadas, ya se estaban viendo en dificultades para fijar la remuneración a las instalaciones afectadas que les había encargado el Gobierno.
A partir de ahora, los técnicos del Ministerio de Industria, aunque sin muchos cambios, sí al menos tendrán que introducir algunas modificaciones al decreto sobre las energías renovables que reducirá las primas e introducirá las polémicas multas al autoconsumo.
Al margen del polémico contrato, también han pesado lo suyo los informes de consejos y comisiones reguladoras, no vinculantes pero que sí han hecho mella. Un flanco que el Gobierno puede soslayar cuando la recién creada Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), el nuevo regulador impulsado por el Gobierno, redacte un nuevo informe al respecto, que sin duda será mucho más ‘amable’.
Recordar, en este sentido, que Fernando Hernández, su presidente, fue asesor en Industria del actual secretario de Estado de Energía Alberto Nadal.
