sábado, 1 abril 2023
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Informe FAES ‘Propuestas para una estrategia energética nacional’

Madrid. El ex presidente del Gobierno y presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales FAES, José María Aznar, presentará, el próximo 8 de marzo, en Madrid, el Informe FAES ‘Propuestas para una estrategia energética nacional’ junto al patrono de FAES,  Manuel Pizarro.  El Informe diagnostica las debilidades del sector energético en España, analiza el entorno económico y la regulación española y establece los principales objetivos que debería tener una estrategia energética nacional. En este sentido, formula un total de 35 propuestas para impulsar un nuevo modelo energético, en particular en lo que concierne a las renovables, al carbón, a la energía nuclear, a las tarifas y el déficit tarifario y a la competencia.

El informe está dirigido por el responsable de Economía y Políticas Públicas de FAES, Fernando Navarrete, y coordinado por el ex presidente de Red Eléctrica, Pedro Mielgo, quienes también participarán en la presentación del próximo día 8. Hoy viernes 15, Navarrete y Mielgo han dado a conocer el escrito a los medios de comunicación acompañados por el secretario general de FAES, Jaime García-Legaz.

El documento evidencia la ausencia de una estrategia energética nacional como consecuencia de la falta de debate y de “una larga sucesión de errores en la definición de políticas y en la regulación de los sectores energéticos”, de tal manera que “España sigue siendo el país más dependiente energéticamente de las grandes economías de la Unión Europea, el que tiene una política energética más errática e incoherente”.

En este contexto, apunta a “propuestas sólidas, viables y de largo plazo” y emplaza a “abordar reformas rigurosas y libres de prejuicios” para afrontar los problemas del sector “que reclaman solución”, entre los que cita el “déficit de tarifa, el cierre de centrales nucleares, la competencia y el coste de las energías renovables”.

DEPENDENCIA ESPAÑOLA

En su radiografía del sector energético, el Informe recalca la alta dependencia energética española, muy por encima de la media de la Unión Europea: “el grado de autoabastecimiento español era de apenas un 20 por ciento a finales de 2009, cifra que contrasta con la media de la UE-27, de un 54 por ciento”, señala.

En este terreno, denuncia el mix energético rápidamente cambiante de España, resultado de “la entrada de fuentes de energía intermitentes, como las renovables, que ha incrementado la vulnerabilidad del sistema eléctrico y ha complicado y encarecido su gestión”. El trabajo dirigido por Navarrete detalla también que “las reservas de carbón nacional son modestas y de calidad pobre” y concluye que “la obligación de utilizarlo por presiones corporativistas y sindicales distorsiona el mercado”. En este apartado, el estudio alerta a su vez de la baja capacidad de las interconexiones energéticas con Europa, sobre todo de electricidad y de gas, lo que “constituye una especificidad del sistema español y una limitación para su eficiencia”.

Por último, el escrito destaca la ineficiencia de la inversión energética, más de 70.000 millones de euros en diez años, “que responde a estímulos diversos desconectados entre sí, sin que se hayan analizado posibles alternativas”, y manifiesta que la colocación en el mercado de energía de origen renovable por delante de otras tecnologías, con independencia de los precios, así como la obligación de quemar carbón nacional, “distorsionan profundamente el mercado mayorista”, mientras que el minorista se ve afectado por “la existencia del llamado ‘bono social’ y por el impacto del aplazamiento en el pago del coste de la energía, embalsado en el llamado déficit de tarifa”.

POLÍTICA ERRÁTICA

El informe publicado por FAES pone el acento de igual forma en las cuestiones estratégicas y políticas. En este sentido, precisa que “la actuación política actual adolece de planteamientos estratégicos y responde fundamentalmente a una visión intervencionista del sector, ignorando la necesidad de adoptar un enfoque a largo plazo y de sostenibilidad económica y estratégica”. También se refiere, entre otros aspectos, a la carencia de una visión política nacional en “un ejercicio particularista y sin visión de conjunto de las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas en materia energética, junto con la preeminencia del prejuicio ideológico por encima de las consideraciones técnico-económicas”.

Las páginas del documento ponen en evidencia además el desorden en el proceso de apoyo a las energías renovables: “la regulación del Régimen Especial y, en particular, la implantación descontrolada de determinadas tecnologías de energías renovables ha sido un ejemplo de desorden administrativo e institucional”. “La consecuencia ha sido un exceso de potencia instalada con el consiguiente sobrecoste, la desconfianza de los inversores extranjeros y un impacto en los precios de la electricidad que supondrá una pérdida de competitividad de nuestras empresas durante décadas”, apunta el escrito.

El proceso de liberación inconcluso, sobre todo en el sector eléctrico, la falta de información en la sociedad y la necesidad de reforma de los organismos reguladores por su “falta de independencia”, figuran también entre los problemas que afectan al sector energético nacional.

NUEVO MODELO ENERGÉTICO

A tenor de estas conclusiones, el análisis establece, en el capítulo de las recomendaciones y propuestas para un nuevo modelo energético, los objetivos de garantizar la seguridad de abastecimiento energético, proteger el medio ambiente y atender a la competitividad y el crecimiento económico.

En particular, demanda “una estrategia energética definida con claridad y que responda a los intereses nacionales con una dimensión internacional igualmente clara”. Solicita también “una política energética de mercado”, o lo que es lo mismo, limitar la acción del Estado a la creación de “un marco de seguridad jurídica y a la adecuada y eficaz supervisión del funcionamiento de los mercados”.

El estudio reclama, en este contexto, “seguridad jurídica como condición y marco en el que se puedan desarrollar eficientemente la libre actuación de los agentes económicos” así como “unos organismos reguladores que ejerzan con excelencia su función supervisora, creíbles, independientes y con las capacidades necesarias para llevar a cabo sus funciones y desarrollarlas con la máxima eficacia e independencia”.

PROMOVER LA COMPETENCIA

Entre los principios del Informe se encuentra también la promoción de la competencia “como vía para estimular un funcionamiento más ágil de los agentes económicos y la creación de valor para la sociedad, por la vía de la asignación eficiente de recursos”. También figura la demanda de “un sistema energético sostenible a largo plazo y con mayor seguridad de suministro, que cuente con todas las energías primarias y con todas las tecnologías disponibles para maximizar las fortalezas de cada una y minimizar sus desventajas”.

En la elaboración del estudio, encargado a FAES por el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, han participado una treintena de expertos de distintos ámbitos, entre los que figuran el patrono de FAES, Manuel Pizarro; la ex ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio; la ex presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear, Maria Teresa Estevan; el consejero del mismo organismo, Antonio Colino; el vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía, Fernando Marti; el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Coruña, Antonio Erias; el catedrático del Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza, Cesar Dopazo; el catedrático emérito de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid, José Luis Díaz; el director de Regulación de Gas Natural Fenosa, José Antonio Guillén; el ingeniero de minas, Conrado Navarro; el ingeniero industrial, Fidel Pérez-Montes; y el inspector de Hacienda, Manuel de Vicente-Tutor.

PROPUESTAS FAES

El estudio formula 35 propuestas destinadas a acometer las necesarias reformas del sector energético en España. Las  medidas, divididas en función de los objetivos, abarcan todos los ámbitos del sector.

En primer lugar, insta a conseguir un sistema energético basado en mercados eficientes y competitivos a través de acciones como el fomento de una mayor competencia efectiva, la definición de una fecha límite improrrogable a las ayudas al carbón nacional, el establecimiento de calendarios de desaparición paulatina de los apoyos fuera de mercado a las renovables y un marco fiscal para la energía “transparente y neutral que evite la existencia de subsidios cruzados”. En este terreno, también urge a “acometer la pendiente liberalización del mercado de gases licuados del petróleo asegurando el desarrollo de un mercado competitivo”.

El estudio plantea revocar el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña y “asegurar el alargamiento de la vida de las centrales nucleares actualmente en operación con carácter ordinario hasta los sesenta años” con el fin de obtener una energía eléctrica sostenible y competitiva. Además, emplaza a “iniciar un plan de selección de emplazamientos para nuevas centrales nucleares” así como a “garantizar un marco jurídico seguro para que la construcción y explotación de las centrales pueda llevarse a cabo durante toda su vida económica”.

Entre las proposiciones del escrito destinadas a dotar al sector energético nacional de seguridad jurídica, eficiencia administrativa y excelencia supervisora, destaca la llamada a “dar solución definitiva al déficit de tarifa acumulado, mediante la titulización del que quede pendiente y el establecimiento de una norma que obligue a un ajuste continuo de los peajes y a revisar con carácter periódico los distintos componentes de las retribuciones reguladas”.

En el capítulo de la dependencia energética, emplaza a  priorizar en los programas nacionales de I+D los destinados al ahorro de energía, las tecnologías complementarias a la generación a partir de fuentes renovables y los sistemas dedicados al almacenamiento y el transporte energético, entre otros. El Informe subraya asimismo la necesidad de aplicar políticas de mejora de la eficiencia energética en el sector del transporte así como a proporcionar un marco administrativo que permita la explotación de los recursos disponibles en territorio y aguas españolas, “como las situadas cerca de las islas Canarias”.

Para concluir, el documento insta a impulsar la visión estratégica en la política energética española, en particular a  acometer la elaboración de estudios oficiales de prospectiva a largo plazo para orientar la política energética; a iniciar actuaciones políticas bilaterales y ante las instituciones comunitarias para asegurar la ampliación de la capacidad de las interconexiones eléctricas internacionales con Francia; y a establecer una hoja de ruta para el aumento de la capacidad de las interconexiones gasísticas españolas con el resto de Europa. 

 

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