Navacerrada (Madrid). El presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales FAES, José Maria Aznar, inauguró el pasado viernes, 2 de julio, junto al presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, la séptima edición del Campus FAES, que se prolongará hasta el próximo domingo, 11 de julio.

El Campus FAES 2010 es un encuentro de estudio y análisis en torno a las ideas más importantes que hoy se debaten en España y en el mundo. Un año más, en torno a sesenta prestigiosos académicos, políticos y analistas españoles y extranjeros se darán cita en Navacerrada para dar a conocer sus puntos de vista sobre diferentes cuestiones de actualidad mediante conferencias y mesas redondas.

A continuación, se reproduce íntegramente el discurso de Aznar en la inauguración del Campus FAES 2010:

Hoy tenemos el gran honor de que nos acompañe Jerzy Buzek, presidente del Parlamento Europeo y un buen amigo de España, un buen amigo de la Fundación y un apreciado amigo personal para inaugurar la séptima edición del  CAMPUS FAES. Nos conocimos en el ejercicio de nuestras respectivas responsabilidades de Gobierno y hemos mantenido desde entonces una estrecha colaboración. Desde entonces, los lazos de unión entre nuestros países, España y Polonia, no han hecho más que fortalecerse.

En 1998 firmé con Jerzy Buzek, entonces Primer Ministro de Polonia, la Declaración conjunta polaco-española, que elevó nuestras relaciones bilaterales a la categoría de “privilegiadas».

Recuerdo también nuestro trabajo común en las instituciones europeas, la negociación del Tratado de Niza, en la que coincidimos en el empeño de una sólida defensa de nuestros intereses dentro de una Europa que se abría a sus nuevos miembros. Un empeño que mantuvimos, desde el corazón de Europa, en las complejas negociaciones del Tratado Constitucional de la Unión Europea, luego fallido.

Jerzy Buzek es una persona de principios que ha luchado toda su vida por la libertad. Conoce el valor de la palabra dada y la respeta. Fue el artífice de la adhesión de Polonia a la Alianza Atlántica, así como del inicio de las negociaciones de adhesión de su país a la Unión Europea. Su impulso reformista y modernizador consiguió situar a Polonia sólidamente en la corriente del progreso y de la construcción europea, promoviendo así la prosperidad de los polacos.

Fue elegido presidente del Parlamento Europeo con más apoyo que cualquier otro candidato precedente. Esto no sólo  refleja el reconocimiento popular de las ideas de centro-derecha en Europa sino que es también muestra del peso y la energía que Polonia está cobrando en la Unión.

Polonia, el país natal de Jerzy Buzek, ha sido víctima de los dos totalitarismos del siglo XX, el nazismo y el comunismo.

Esta es la primera vez que un miembro de un país de los que sufrieron la tiranía comunista accede a esta posición. Es una excelente noticia y una muestra del éxito de la reunificación de Europa. Un hito histórico que no podía haber encontrado hoy mejor representante que Jerzy Buzek.

En este acto de apertura, en la persona de Jerzy Buzek, se encuentra representada esa Europa a la que pertenecemos. Esa Europa a la que, de nuevo, tantos dirigen su mirada evocando a Ortega cuando decía que si España era el problema, Europa era la solución.

Europa es, efectivamente, parte de las soluciones a nuestros problemas. Pero otra parte decisiva de esas soluciones nos corresponde a nosotros como españoles. Y ésa es una responsabilidad que, lo queramos o no, no podemos trasladar a otros.

Viene a cuento esta consideración cuando nos encontramos en medio de una situación política que todos conocemos; entre el fallo y la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña que el Tribunal Constitucional debe hacer pública próximamente con sus fundamentos jurídicos.

La sentencia es el desenlace de una mala historia; de una historia lamentable en su inicio y en su desarrollo.

Y aunque han pasado unos años, conviene recordar que es una historia que tiene responsables y motivaciones muy concretas en su arranque y en su impulso.

Hagamos honor a la historia con responsables y motivaciones. Los responsables están en el partido que todavía gobierna en España y en Cataluña, y en quien dirige ese partido. Los responsables no están, en este caso, en la formación mayoritaria del nacionalismo catalán, que no pujaba en su programa por un nuevo Estatuto.

Las motivaciones de esta iniciativa no fueron un irresistible afán de poder de los nacionalistas –aunque lo tuvieran- ni una arrolladora pulsión secesionista que no se ha dado en Cataluña.

Las motivaciones fueron mucho más prosaicas: afianzar, a costa de la estabilidad del Estado, una mayoría que permitiera mantener en el Gobierno de la Nación y en el de la Generalitat a un partido sin mayoría suficiente, y excluyendo para ello al principal partido de la oposición.

Hemos padecido el efecto de un proyecto político que ha pretendido -y que va a seguir intentando- convertir un problema de Gobierno en un problema de Estado para encubrir sus propias responsabilidades.

Eso debe saberse. Que nadie se deje engañar. Menos ahora, cuando esta mala historia ha llegado a su desenlace. En este intento no ha habido nada de la épica con que se ha querido revestir.

Lo que ha quebrado –mírenlo bien los catalanes, nacionalistas o no- no es ningún proceso de llamada construcción nacional sino una obra más bien chapucera de albañilería política para sostener en el poder a quienes ya se han cobrado con largueza los réditos del Estatuto.

Si se me permite la expresión, ha sido un lío, es un lío. Pero en este caso, un lío de socialistas.

Y entiéndase bien que nada de esto resta gravedad a lo que ha ocurrido en estos años. Si acaso, se la añade, porque lo convierte en un empeño de alteración del marco político y  de exclusión del adversario más cargado de imprevisión, de frivolidad y de sectarismo.

Es preciso tener muy claro quiénes nos han llevado al borde de una profunda sima jurídica y política y quiénes nos han arrastrado, por su estricta conveniencia partidista, al límite de un Estado constitucionalmente fallido, sin nada que lo justificara. 

Porque en un país en el que el 90% de los votos van o bien al PSOE o bien al PP, nada  de lo ocurrido habría sido posible si el Partido Socialista no hubiera roto los consensos constitucionales básicos y esenciales para la estabilidad del modelo de Estado.

Cuando un Tribunal se ve en la tesitura de votar sobre el sujeto de la soberanía o sobre la existencia –o no- de una Nación, no hace falta ser muy explícito en la descripción del problema que un país afronta: el problema es de una extraordinaria gravedad.

Por fortuna, y como no podía ser de otro modo, el Tribunal Constitucional ha rechazado la idea de que la Constitución expresa el deseo de la nación española de poner fin a su propia existencia. Porque ésa es la pretensión de los promotores del Estatuto, que consideran a la Constitución como una enor
me disposición transitoria que sólo debía durar lo que ellos quisieran. Esto ya ha sido zanjado.

En este contexto hay que considerar el fallo y la sentencia del Tribunal Constitucional.

Y ésas son las reglas del juego que, por cierto, no respetan los que antes negaban al Tribunal competencia para dictar este fallo y ahora llaman a la rebeldía contra lo sentenciado.

Señoras y señores, me parece acreditado lo siguiente:

• Primero, que el Estatuto no estaba “cepillado”, como aseguraban los que se prestaron a legitimar políticamente una operación radicalmente errónea y sesgada desde su raíz.

• Segundo, que el Estatuto era, sobre todo, una pretensión antijurídica de modificar la Constitución por la puerta de atrás, una puerta que no existe. Es decir, la pretensión de alterar la Constitución al margen de la decisión que corresponde a todos los españoles y a su derecho a determinar el marco de convivencia y  de relación en el que quieren vivir.

• Tercero, el recurso presentado por el Partido Popular debía presentarse; fue un acto de responsabilidad, de lealtad y de compromiso constitucional que queda reivindicado con una sentencia que afecta a más de 40 artículos y disposiciones  del texto.

Muchos expertos juristas lamentan que se haya utilizado en exceso la técnica interpretativa.

Es una observación que sin duda tiene una gran importancia porque debemos fortalecer el valor normativo de la Constitución y su primacía efectiva sobre el resto del ordenamiento jurídico.

De la misma manera, debe tenerse en cuenta lo que ya se ha dicho sobre la conflictividad jurídica que podría generarse en la aplicación de este fallo.

Pero también creo que la interpretación de esos artículos por el Tribunal Constitucional, cuando se conozcan en todo su detalle los fundamentos jurídicos, permitirá calibrar en su integridad el alcance de la sentencia.

Querido Presidente Buzek, señoras y señores,

La sentencia del Tribunal Constitucional plantea a mi juicio eso que el Consejo de Estado en su  informe de febrero de 2006 llamaba “la superación de la apertura del modelo autonómico”.

En otras palabras, plantea los límites del Estado autonómico, sus umbrales mínimos más allá de los cuales no sólo no hay Estado autonómico, sino que sencillamente no hay Estado.

Esta sentencia debe contribuir a superar esa idea de que el modelo de Estado no tiene una configuración constitucional definida y que, por tanto, puede quedar a merced del aventurerismo político de mayorías pasajeras. Esta sentencia debe contribuir a que ésta no sea una cuestión recurrente sin respuesta.

Un Estado puede ser muchas cosas pero, desde luego, no  imprevisible.

Porque parece que en este aventurerismo cabe cualquier extravagancia.

Cabe la nostalgia premoderna por fórmulas confederales, ninguna de las cuales ha vivido para contarnos sus supuestas ventajas.

Cabe la idea de que estamos en un destructivo juego de suma cero, de modo que lo que daña al Estado fortalece a las Comunidades Autónomas, en vez de debilitar a todos, que es lo que realmente ocurre.

Y por supuesto, en este repertorio de despropósitos, se incluye el Estado residual, objetivo declarado de los promotores del Estatuto y de los que luego se subieron a ese carro.

Pero el Estado residual no es la opción de la Constitución ni de la ciudadanía.

Bien al contrario, es una apuesta política temeraria y empobrecedora.

Porque necesitamos un Estado capaz de responder a las exigencias actuales de la gobernanza. Un Estado capaz de asegurar  las reglas del juego y la unidad jurisdiccional; las condiciones de igualdad,  las políticas de cohesión, y  los derechos y libertades de todos y cada uno de los españoles.

Necesitamos un Estado capaz de impulsar las reformas necesarias, que pueda defender de manera creíble nuestros intereses en el exterior. Y lo necesitamos todos.

Un Estado que encuentra su fundamento en la Nación como único sujeto soberano y en la Constitución como única fuente de legitimidad de sus poderes.

Un Estado de derecho, un Estado de ciudadanos que protege y hace posible el ejercicio de la democracia y el disfrute de las libertades.

Un Estado de lo común, de lo que afecta a todos, de lo que todos tenemos derecho a decidir, de lo que todos podemos legítimamente esperar de los otros.

Para ello, debemos dar por concluida esta irresponsable deriva de inestabilidad y deterioro institucional, porque su esencia es el abandono de principios y virtudes que son fundamentales para el progreso pacífico de las sociedades.

En la medida en que el impulso que edificó la Constitución de 1978 fue un acto de voluntad y de fortaleza ética de toda la sociedad española, su deterioro ha supuesto una pérdida moral que deja su huella también en toda la sociedad.

Buena parte de esa fortaleza radica en la capacidad de acuerdo que hoy se plantea como una nueva exigencia de reconstruir el consenso constitucional.

Es preciso recordar que la convivencia es un juego de límites para todos y, por tanto, hay que asumir que hay límites a la dinámica de exigencia nacionalista.

Que hay límites, también, a la exigencia mecánica de nivelación al alza de todos los poderes autonómicos.

Hay que asumir que las demandas identitarias no pueden anteponerse a los principios cívicos, y que los sentimientos, por respetables que sean, no legislan.

Hay que asumir que la Constitución es una norma jurídica plena con lo que esto implica para todos.

Y es preciso también ser conscientes de que el problema no es principalmente de arquitectura constitucional sino de un modelo que, todavía hoy, se quiere imponer sobre la exclusión de uno de los dos partidos de gobierno en España.

¿Recuperar los grandes consensos constitucionales?  Sí, sin duda.

La esperanza de que eso sea posible radica hoy en un nuevo ciclo de alternancia que cierre este capítulo de exclusión sectaria, este capítulo de debilitamiento político e institucional, este capítulo de ruptura y búsqueda del enfrentamiento entre españoles. 

Esta mala historia de irresponsabilidad, de pérdida y de retroceso no es la que merece nuestra democracia. Ni tampoco la que merece el esfuerzo de la inmensa mayoría de los españoles por ganarla y consolidarla.

Esta mala historia necesita con urgencia ser transformada en un proyecto de recuperación de las instituciones, de estabilidad, de confianza y de superación.

En suma, un proyecto de éxito que todos nos sintamos llamados a compartir.