Sevilla. En su última reunión, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha iniciado la tramitación del anteproyecto de Ley del Turismo de Andalucía, que sustituirá a la vigente norma de 1999 para adecuar las políticas autonómicas en esta materia a la actual realidad económica y social, a los cambios producidos en el sector y al nuevo modelo de economía sostenible que impulsa el Gobierno andaluz.
“El corazón de la nueva norma es el turista del siglo XXI, que planifica sus viajes a través de las nuevas tecnologías, interactúa en el territorio y busca la calidad y la excelencia en sus viajes”, ha señalado el consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso. Un nuevo marco legal para tratar de asegurar que el turismo siga siendo uno de los principales motores económicos de Andalucía.
El anteproyecto recoge en sus 84 artículos medidas de ordenación, promoción, mejora de la accesibilidad a los recursos, impulso a la cooperación público-privada, fomento de la creación de empleo y reforzamiento de las garantías de calidad y seguridad para usuarios y trabajadores. Prevé la creación de nuevos instrumentos de planificación coordinados con las políticas de ordenación del territorio para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos y actividades de cada zona.
Asimismo, establece una reclasificación de la oferta (con la distinción básica entre servicios turísticos y actividades con incidencia en el sector); introduce la regulación de nuevas fórmulas de negocio como la propiedad horizontal, e incluye medidas para potenciar las actuales políticas de calidad e innovación. También incorpora medidas de simplificación de trámites y agilización de procedimientos, como la sustitución de la autorización administrativa para el inicio de la actividad por una declaración responsable del interesado, que permita una posterior actuación inspectora.
El anteproyecto sitúa al territorio como principal recurso de la actividad turística en Andalucía. De acuerdo con ello, potencia los instrumentos de planificación existentes y crea nuevas figuras como los Marcos Estratégicos para la Ordenación de los Recursos y Actividades Turísticas. Estos documentos determinarán el modelo de desarrollo aplicable a cada territorio a partir de la identificación de necesidades concretas relativas a infraestructuras, productos o servicios. De este modo, entre otros aspectos, fijarán los criterios para la aprobación de nuevos Programas de Recualificación de Destinos en espacios turísticamente saturados.
En la misma línea, el texto establece un nuevo marco de coordinación entre las políticas turísticas y los planes subregionales de ordenación territorial. Se concreta así la previsión de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en el sentido de homogeneizar en toda la comunidad la definición de suelo de uso turístico para su correcta calificación dentro de los planeamientos urbanísticos municipales. De acuerdo con ello, tendrán esta consideración los terrenos que se destinen a alojamiento turístico en, al menos, un 50% de su edificabilidad total. En palabras de Alonso, el objetivo de esta actuación es que el urbanismo sea «un aliado, no un enemigo» del turismo.
Nuevas fórmulas de negocio
La futura ley regulará nuevas fórmulas de negocio como los alojamientos turísticos en regímenes de propiedad horizontal y condominio, que deberán ser gestionados bajo el principio de unidad de explotación. De este modo, y tal y como se exige ya para los apartamentos turísticos, la gestión y comercialización de un conjunto de unidades de alojamiento correrá a cargo de un único sujeto, profesionalizado, responsable de la actividad y de la relación con los usuarios y la Administración.
Respecto a la fórmula de propiedad horizontal en establecimientos de alojamiento turístico, ésta se aplicará a alojamientos “de calidad”, según el consejero, en concreto hoteles de 4 ó 5 estrellas y apartamentos turísticos de tres llaves.
Este régimen, ha explicado Alonso, deberá garantizar su uso, es decir, tendrá que constar en el Registro de la Propiedad para asegurar el uso turístico y la información al comprador, y se fija como límite la cesión de uso permanente al explotador con un contrato de duración mínima de 10 años. Además, la unidad de explotación establece que su único destino será el uso turístico. Así, a partir de ahora, la Administración autonómica intervendrá cuando no se garantice la “naturaleza turística” de esa propiedad para el promotor como el propietario.
Junto con estas nuevas regulaciones, el borrador establece una reclasificación de la oferta para introducir la distinción básica entre los servicios turísticos (alojamiento, intermediación, información, turismo activo, restauración y ‘catering’) y aquellas otras actividades con incidencia en el sector (estaciones de esquí, campos de golf, puertos deportivos, parques temáticos, programas de difusión cultural y congresos y eventos empresariales).
La norma incluirá disposiciones para reforzar las políticas de calidad, innovación y apoyo a la competitividad que actualmente desarrolla la Administración autonómica, con proyectos como la Comunidad Turística de Andalucía, el centro de innovación ‘Andalucía Lab’ de Marbella y el nuevo Plan de Calidad Turística 2010-2012. En el ámbito de la promoción, la ley continuará potenciando la consideración de Andalucía como destino turístico global que se proyecta de forma unitaria en los mercados nacionales e internacionales a través de planes específicos plurianuales.
El consejero de Turismo ha subrayado así que la nueva norma se marca como objetivos favorecer la inversión, propiciar el crecimiento económico y la creación de empleo, y ha destacado que el impulso a la competitividad a través de conceptos como la calidad y la innovación permitirá a Andalucía «no sólo seguir las tendencias, sino también crearlas».
Finalmente, se incluyen mayores garantías para los usuarios y se incorporan obligaciones adicionales de información al consumidor y nuevos derechos y deberes para las empresas, como la publicación del precio de los servicios ofertados, los datos de inscripción en el Registro de Turismo o las relativas a seguros y garantías exigidos. Además, se contempla por primera vez la accesibilidad.
El anteproyecto ha contado en su elaboración con la participación de los agentes sociales y económicos, además de ser ratificado por el pleno del Consejo Andaluz de Turismo, principal órgano consultivo de la Junta en la materia.
El turismo constituye una actividad estratégica para el desarrollo socioeconómico de Andalucía. Actualmente genera 340.000 empleos, aglutina a más de 77.000 empresas, representa más del 11% del Producto Interior Bruto (PIB) regional y supone unos ingresos de más de 15.400 millones de euros anuales.
