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Cantabria aprueba la Ley que permitirá cobrar la indemnización antes de demoler un edificio

Santander. El Consejo de Gobierno de Cantabria, presidido por Miguel Ángel Revilla, ha aprobado el proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, en relación con los procedimientos de indemnización patrimonial en materia urbanística. Se cumple con la resolución parlamentaria aprobado el pasado mes de julio para permitir que los propietarios sobre los que pesan sentencias firmes de derribo sean indemnizados con carácter previo al efectivo derribo del inmueble.

Para su cumplimiento, se introduce en primer lugar un mecanismo que pretende dotar de mayor seguridad al tráfico jurídico inmobiliario, propiciando la mayor publicidad de los litigios que se susciten en el ámbito urbanístico, a fin de evitar mayores perjuicios a los terceros adquirientes.

Así, los Servicios Jurídicos de la Administración Autonómica tendrán la obligación de promover la publicidad registral de los procedimientos en los que se impugnen actos de naturaleza urbanística cuando se advierta que pueden derivarse perjuicios para terceros.

En segundo lugar, se pretende incorporar a la legislación urbanística de Cantabria una previsión, dentro del marco establecido por la legislación estatal, que permita el abono de la indemnización con carácter previo al derribo efectivo de los inmuebles.

Se trata de evitar que a los propietarios afectados se les prive de sus inmuebles sin que por la administración responsable del perjuicio se atiendan sus legítimas pretensiones de forma inmediata, dando una rápida respuesta a su petición resarcitoria y evitando, al mismo tiempo, que el perjudicado tenga que esperar a verse privado del inmueble para incoar un largo proceso ante las administraciones y tribunales para conseguir el resarcimiento patrimonial.

La presente Ley introduce un mecanismo que, sin alterar la configuración general del instituto de responsabilidad patrimonial, permite la sustanciación del procedimiento de forma anticipada, sujetando la eficacia de la resolución indemnizatoria a la condición suspensiva de que el propietario del inmueble afectado ponga éste a disposición de la administración obligada a materializar el derribo.

Por otro lado, la norma articula un mecanismo de intervención de todas a aquellas administraciones que se les imputa el daño, ofreciendo así las herramientas para una mejor resolución del procedimiento que permita una adecuada identificación de la administración que resulte responsable.

 

 

 

Declaradas nueve Áreas de Rehabilitación para mejorar las condiciones de 10.821 pisos

Madrid. La Comunidad de Madrid ha declarado nueve nuevas Áreas de Rehabilitación distribuidas en Madrid, Alcalá de Henares, Parla, Colmenar Viejo, Torrelodones, San Lorenzo de El Escorial y Navacerrada. Serán 10.821 las viviendas que podrán ser rehabilitadas para mejorar los hogares de 30.000 madrileños, según el acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno tras el informe presentado por la  consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño.

La medida se toma tras el acuerdo alcanzado el pasado 15 de diciembre entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid para cofinanciar entre ambas administraciones los trabajos en estas nuevas Áreas de Rehabilitación. Así, la Comunidad aportará un total de 7 millones (casi un 25% del total de la inversión), mientras que Fomento invertirá 10,6 millones (el 37%). Asimismo, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares aportará 217.500 euros y el de San Lorenzo del Escorial 32.700 euros. El resto de la inversión, 10,5 millones de euros, correrá a cargo de los propietarios de las viviendas. Con estas inversiones se prevé cubrir los costes de las obras en, al menos, 2.018 viviendas de estos barrios.

Las viviendas incluidas en estas nueve áreas de rehabilitación se localizan en tres barrios de la capital (San Nicolás Arechavaleta, Mancomunidad Santa Margarita Surbatán, en la segunda fase del casco histórico de Alcalá de Henares, en la calle Belén de Parla, en el centro urbano de San Lorenzo de El Escorial y en las urbanizaciones Molino de Viento, Pez Espada y Parque Inglés, en Colmenar Viejo, Torrelodones y Navacerrada, respectivamente. Además, dos barrios de la capital que ya constituyen Áreas de Rehabilitación ven también ampliados los fondos disponibles para rehabilitar sus viviendas, 804 viviendas en el Grupo Loyola y otras 1.247 en la Ribera del Manzanares.

Primeros 26 solares en Madrid para construir en régimen concesional 5.596 pisos del Plan 45000

Madrid. Si sale adelante el proyecto y los promotores lo respaldan, la Comunidad de Madrid contará dentro de dos o tres años con los primeros pisos protegidos del Plan 45000, un parque estable de alquileres asequibles y rotacionales, según ha informado el vicepresidente, consejero de Cultura y Deporte y portavoz, Ignacio González. La construcción de las primeras 5.596 viviendas, cuyos 26 solares acaban de ser licitados, permitirá asegurar el empleo a unas 13.500 personas en la Comunidad y supondrán una inversión de unos 528 millones de euros.

Esta inversión será asumida por las promotoras privadas que se presenten a las convocatorias para financiar, construir y explotar estas promociones,  desarrolladas en suelos públicos propiedad de la Comunidad de Madrid durante los próximos 50 años, un modelo concesional aplicado por primera vez en España por el Ejecutivo regional.

La conservación y mantenimiento de los edificios correrá a cargo de las empresas concesionarias, que sufragarán estos gastos a través del cobro de las rentas de alquiler a los inquilinos. Al término de la concesión, sin ningún coste para las arcas públicas regionales, los suelos y edificaciones revertirán en la Comunidad de Madrid.

Estas viviendas, como todas las del Plan 45.000, contarán con una superficie de hasta 70 metros cuadrados, de 1 y 2 dormitorios, y plaza de aparcamiento y trastero vinculados. Los pisos estarán a disposición de los madrileños de cualquier edad cuya unidad familiar no supere unos ingresos anuales de 7,5 veces el indicador IPREM (unos 65.000 euros anuales), lo que extiende esta iniciativa al 90% de la ciudadanía. Además, deberán acreditar que cuentan con una fuente regular de ingresos y no podrán disponer de una vivienda en propiedad o alquiler.

Los madrileños que accedan a estas viviendas podrán residir durante 10 años, pagando unas rentas mensuales máximas de 9,03 euros por metro cuadrado útil en municipios de la Zona B (como Aranjuez, Alcorcón o Boadilla del Monte) y de 11,11 euros por metro cuadrado útil en municipios de la Zona A (Madrid y San Sebastián de los Reyes). Así, una vivienda de 2 dormitorios de 55 metros cuadrados útiles costará un alquiler mensual de 611,4 euros en Madrid y de 496,8 euros en Boadilla (795 y 646 euros, respectivamente, con plaza de aparcamiento y trastero incluidos).

Mientras que un piso de un dormitorio de 40 metros útiles supondrá un arrendamiento de 444,6 euros en la capital y de 361,3 euros en Boadilla (628 y 510 euros con garaje y trastero, respectivamente). Estos alquileres se sitúan en torno a un 25% por debajo del arrendamiento medio en el mercado libre en la región.

Banca Mare Nostrum reconoce una exposición crediticia al ladrillo de 11.554 millones

Banca Mare Nostrum (BMN), la entidad surgida a partir de la ‘fusión fría’ (unen balances pero mantienen su propia identidad) entre Caja Murcia, Caixa Penedès y Caja Granada, reconoce que su cartera de créditos inmobiliarios se eleva a 11.554 millones de euros.

En los datos remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que sirven de presentación ante los inversores, el desglose de esta exposición al ladrillo determina que en promoción terminada alcanza los 3.855 millones y 2.409 millones en promoción en curso. Los créditos concedidos para financiar compras de suelos urbanos y urbanizables contabilizan 2.468 millones, y 76 más por suelos rústicos o no calificado. Además, existen otros 1.940 millones con garantía hipotecaria y los restantes 805 que no cuentan con esta garantía.

No obstante, BME califica de “calidad elevada” su cartera crediticia en el sector inmobiliario, “fruto de una prudente gestión del riesgo y de la reducida expansión fuera de las zonas naturales” en las que operan las entidades que forman la nueva entidad.

Además, los nuevos gestores confían en conseguir una reducción relevante de su exposición al riesgo inmobiliario en los próximos años por los factores diferenciadores de su modelo de gestión, con una reducción sistemática de ese riesgo mediante el mantenimiento de las ventas a particulares (por cancelación o subrogación) a través de la red comercial, la  flexibilidad para ajustar precios a las condiciones reales del mercado.

También, como valor añadido, el Grupo argumenta que se ha hecho un esfuerzo importante en saneamientos como mecanismo que permite adecuar los precios de venta sin incurrir en pérdidas adicionales, y, por último, la calidad del activo, con un elevado porcentaje de promociones terminadas o en curso, de las que la mayor parte son viviendas destinadas a primera residencia, y más del 97% del suelo financiado es urbano o urbanizable.

Por todas estas circunstancias, BMN confía en que la evolución prevista de financiación a promotores, que a finales del pasado año se situaba en 6.934 millones se reduzca en un 37% al término del ejercicio 2012, a tan sólo 4.390 millones.

 

¿Cómo las pymes de la construcción ‘resisten’ a la crisis?

El sempiterno tema de la crisis no para de encontrarse en los medios, en la calle, en las casas, en definitiva: en todas las bocas. Esta dichosa crisis que afectó de forma general a la economía española y más específicamente a algunos sectores del tejido empresarial cómo la construcción, azotado de una manera nunca vista hasta ahora. ¿Pero con qué recursos contaron estas empresas para seguir a flote?

El sector de la construcción, es uno de los más sufridos y para poder resistir, las empresas de este colectivo desarrollaron especialidades, menos afectadas del sector, cómo la rehabilitación de edificos.

Según cifras avanzadas en otoño del 2010, por el Ministerio de Fomento, sobre la rehabilitación de inmuebles, el sector sigue aumentando respecto al año anterior. Frente a un mercado difícil, el Gobierno implementó una nueva deducción fiscal en el IRPF de 10% o el acceso a créditos del ICO para reformas de particulares.

Las subvenciones facilitadas por las autoridades para este tipo de obras, así como la dificultad de mantener una cartera de cliente y de pedido de obras nuevas desde el principio de la crisis, motivaron a las empresas, que no desarrollaban esta área de negocio, a abrir nuevos servicios de reformas y rehabilitaciones de edificios.

Desde el punto de vista de los profesionales de esta especialidad, la competencia se está haciendo cada vez más feroz. Por eso, estos especialistas “originales” en reformas  y rehabilitaciones han tenido que reforzar y desarrollar su estrategia para no perder el rumbo y seguir con su negocio.

Según el gerente de Construcción Luis Pérez, empresa que se dedica a la rehabilitación de edificios desde hace más de 22 años, la baza principal que tienen estos especialistas es su experiencia y su profesionalidad. Luis Pérez explica: “Hacer obras de rehabilitación tiene sus matices y no es lo mismo que construir un edificio desde cero.” Así que frente a esa nueva competencia nacida del mismo sector, estas pymes han tenido que reaccionar.

La tecnología 2.0 y el marketing al rescate

Sorprendentemente, cuando preguntamos a Luis Pérez cómo reaccionó su compañía frente a esta competencia, nos explica, que estando convencido de la calidad de su trabajo y de la profesionalidad de su equipo, lo único que tenía que hacer era comunicarlo. Hombre con mucho sentido común, este joven profesional, constató que su deseo de transparencia podía encontrar eco en el auge de la web 2.0. De esa forma, Construcciones Luis Pérez decidió desplegar una estrategia de comunicación y marketing basada en dar visibilidad de su profesionalidad, experiencia en el sector y calidad de sus servicios: “Dar la posibilidad a nuestros clientes de opinar a través de plataformas 2.0 cómo Facebook, o dando información en una NewsLetter mensual son maneras de transmitirles que no nos dedicamos a las chapuzas baratas, sino que les ofrecemos un servicio de calidad, con profesionales altamente cualificados y que estamos dispuestos a escuchar a nuestros clientes y darles voz.”

Además de servicios de reformas “clásicos”, cómo soluciones de rehabilitaciones sostenibles o trámites administrativos en vista a la obtención de subvenciones públicas, las pymes tienen que recurrir a otras ofertas atractivas y que siempre demuestren que la experiencia en el sector es un valor añadido a cualquier servicio provisto.

Luis Pérez comenta que todas estas soluciones de marketing, por un cierto lado se entremezclan y que una buena comunicación con los clientes permite conocerles y ofrecerles los servicios que necesitan. La última oferta de esta empresa, el contrato de mantenimiento, es una idea directamente inspirada de los clientes de Construcciones Luis Pérez, una solución que permite ahorrar a largo plazo, manteniendo un edifico para evitar derramas elevadas e imprevisibles. Marcar la diferencia con una comunicación interactiva y soluciones prácticas y originales cómo, por ejemplo este “contrato de mantenimiento” son aspectos imprescindibles en el desarrollo del negocio de la rehabilitación.

El tejido empresarial del sector de la construcción sigue azotado por la crisis y una de sus mejor armas es enseñar sus bazas, su valor añadido y no hay nada mejor que el antiguo boca a boca, las recomendaciones y la buena reputación para seguir siendo un líder en su nicho de mercado. Las nuevas tecnologías y una atención al cliente bien desarrollada son herramientas especialmente poderosas que pueden ser aplicadas en cualquier sector.

L. Olivier Scalvinoni

Communication & Social Media Consultant en IOMarketing

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Los administradores de fincas colegiados cumplen con la normativa vigente sobre el IVA

Madrid. El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE), como Corporación de Derecho Público, tiene como objetivo esencial la protección de los derechos de los consumidores y usuarios en materia de vivienda, y los administradores de fincas colegiados, en base a esta función social, cumplen con la normativa vigente que incide en la materia profesional del administrador de fincas y de los inmuebles que administran.

Tras las recientes informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación, y basadas en un informe realizado por la empresa LDC sobre las facturas no declaradas por las Comunidades de Vecinos que hay en España, donde se refleja que se estima que el 50% de los pagos que ha de realizar la comunidad de vecinos a proveedores, oficios, servicios y productos, escapa al control de Hacienda al no hacer factura la/s empresa/s a la comunidad o, en caso de hacerla, no es declarada al no ser cotejada con las cuentas de las comunidades de vecinos, hemos de manifestar lo siguiente:

1) Las comunidades de propietarios administradas por un administrador de fincas colegiado, cumplen con toda la normativa fiscal que les son de aplicación. Los administradores de fincas colegiados en modo alguno son responsables de la gestión que en determinadas comunidades de propietarios puedan ser ejercidas por una persona no colegiada, y que pueda conllevar el fraude a la Hacienda Pública, entre otros muchos perjuicios a los consumidores y usuarios.

2) Las comunidades de propietarios están obligadas a abonar el IVA correspondiente por los servicios que reciben, y se paga en cada factura por la adquisición de bienes o la prestación de servicios. En las facturas que se emiten a la comunidad de propietarios queda perfectamente reflejado el coste del servicio y su correspondiente IVA. En este supuesto, es responsabilidad exclusiva del proveedor de los servicios, o de la empresa o profesional que ejecuta las obras de mantenimiento y conservación de los edificios, el declarar el IVA que estos trabajos generen, ya que la comunidad de propietarios tiene la obligación de abonarlo, pero no existe normativa legal que les requiera que, por estos conceptos, hayan de presentar declaración del IVA correspondiente a la Agencia Tributaria.

En el caso de que se produzca un supuesto fraude fiscal, será responsabilidad exclusiva de la entidad o del profesional que, habiendo cobrado ese IVA a la comunidad, no haga la declaración fiscal pertinente, ya que los administradores de fincas colegiados garantizan los derechos de consumidores y usuarios en sus viviendas, cumpliendo con todas las normativas, no sólo fiscales, que inciden sobre los bienes inmuebles que administran.

3) La comunidad de propietarios genera la obligatoriedad de tributar IVA si realiza actividades como el alquiler de locales, viviendas, cubiertas, o vallas publicitarias, entre otras. En este caso, la comunidad ha de realizar la declaración trimestral del IVA e ingresarlo en Hacienda, y una declaración anual, resumen de las cuatro declaraciones trimestrales. Los administradores de fincas colegiados, son, igualmente, garantes del cumplimiento de esta normativa en las comunidades de propietarios que administran.

El CGCAFE colabora, asiduamente, con los distintos ministerios y organismos públicos que tienen algún tipo de competencia en materia urbanística, y constantemente se argumenta, ante ellos, sobre la imperiosa necesidad de que las comunidades de propietarios presenten sus cuentas a la Hacienda Pública, con el objeto de obtener la mayor transparencia al efecto, y puedan ser cotejadas las facturas que abonan con su correspondiente IVA, con las declaraciones tributarias que están obligadas a presentar las entidades o profesionales que realicen algún tipo de servicio con las comunidades de propietarios.

El CGCAFE, ante la información que están ofreciendo los medios de comunicación en base al estudio realizado por la empresa LDC, y del que se están haciendo eco los distintos medios de comunicación, manifiesta que dichos datos no han sido obtenidos de las comunidades de propietarios que gestionan administradores de fincas colegiados, y que, por contener determinadas imprecisiones e inexactitudes, generan en los lectores de esa información, unas dudas que ni son lógicas, ni son ciertas, por las razones antes expuestas.

Los Colegios de Administradores de Fincas son los garantes de la excelencia y calidad profesional de sus colegiados, y para garantizar los derechos de consumidores y usuarios en materia de vivienda, evitando posibles fraudes como el aquí referenciado, la profesión de Administrador de Fincas ha de mantenerse y seguir siendo una profesión colegiada.

En su política de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, el CGCAFE, a través de sus Colegios Territoriales de Administradores de Fincas, pone a disposición de todos los ciudadanos su ventanilla única para que realicen cuantas preguntas consideren de interés en defensa de sus derechos, en las distintas páginas web de nuestros Colegios Territoriales, y en la de este CGCAFE.

 

 

El SIL apoya el ‘Manifiesto Ferrmed’ en favor del Corredor Mediterraneo

Barcelona. Una delegación del Salón Internacional de la Logística y de la Manutención (SIL), encabezada por su Directora General, Blanca Sorigué, estuvo presente el pasado miércoles en el Parlamento Europeo apoyando el ‘Manifiesto FERRMED’ para la implantación de los estándares y la inclusión del corredor Mediterráneo como proyecto prioritario en la Red Ferroviaria Europea. Del mismo modo, en este encuentro se hizo especial hincapié en la necesidad de contar con asignaciones de fondos europeos para su puesta en marcha.

Este encuentro contó con un importante apoyo de representantes políticos, institucionales y empresariales. Como no podía ser de otra manera, el Salón Internacional de la Logística y de la Manutención (SIL), en su condición de Salón líder del Mediterráneo, estuvo presente apoyando este proyecto clave para la economía de la UE, dado que une el frente portuario más importante de Europa en el Mar del Norte, con sus respectivos hinterlands en la Europa Septentrional, Central y del Este, con las más importantes vías de navegación fluvial, con el frente portuario Mediterráneo Occidental y con el Norte de África.

Del mismo modo, aprovechando la presentación del ‘Manifiesto FERRMED’, la delegación del SIL, encabezada por su Directora General, Blanca Sorigué, promocionó la décimotercera edición del Salón, que tendrá lugar del 7 al 10 de junio en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, ante toda la comunidad logística, empresarial e institucional desplazada hasta Bruselas.

En el acto de presentación del ‘Manifiesto FERRMED’ participaron altos representantes de la UE, como los ministros de Transportes de Bélgica, Alemania, Francia, Luxemburgo, Holanda y Suiza, de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo y de los estados y regiones miembros más significativos. Además también participaron el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Lluís Recoder, los presidentes de la Comunidad Valencia y Murcia, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel respectivamente, y los alcaldes de Málaga, Valencia y Cartagena.

Cabe destacar que el SIL 2011 se celebrará del 7 al 10 de junio de 2011 en el recinto ferial de Gran Vía de Fira de Barcelona, y este año presenta nuevas ofertas útiles y todas las facilidades para que todas las empresas del sector puedan estar presentes en la cita anual de la logística en España.

 

La patronal fotovoltaica recurrirá el decreto que recorta hasta el 45% las primas

Madrid. La Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF) ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo el RD 1565/2010, por el que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio introducía, en noviembre pasado, cambios sustantivos y retroactivos en la regulación vigente del sector solar fotovoltaico, con un evidente efecto discriminatorio y  vulneración de la seguridad jurídica al recortar hasta el 45% las primas para este tipo de instalaciones de energía renovable, informó la patronal.

AEF considera que dichas normas, que eliminaban las primas que perciben todas las plantas fotovoltaicas, de acuerdo con la legislación establecida por el actual gobierno, “constituyen una agresión contra la estabilidad regulatoria y la confianza legítima que todo acto de gobierno debería garantizar para aquellas decisiones empresariales que se han gestado al amparo de la garantía legal del Estado”.

Los empresarios fotovoltaicos estiman que la supresión de las tarifas reguladas se ve agravada por otras medidas  que modifican sustancialmente el régimen económico por el que, desde 2008, se vienen rigiendo las instalaciones ya existentes. Hasta el punto, agregan, de poner en riesgo las inversiones realizadas, por más de 20.000 millones de euros e, incluso, la credibilidad financiera de nuestro país.

Medidas discriminatorias que establecen la exigencia de modificaciones técnicas en flagrante atentado contra el principio de igualdad jurídica, porque discriminan a la fotovoltaica frente a otras tecnologías, privándola de un trato de equidad en las condiciones, los plazos de ejecución o las compensaciones económicas que, en los casos de las otras fuentes de generación renovable, sí se contemplan.

La Junta Directiva de AEF ha manifestado que se acuerda “defender, ante cualquier situación de ilegalidad o incertidumbre jurídica o regulatoria, los intereses reconocidos de los empresarios, inversores y productores en cualquiera de las instancias nacionales o internacionales y con todos los recursos que ofrece a los ciudadanos cualquier Estado de Derecho”.

El recurso de la AEF ante el Tribunal Supremo será independiente de aquellos que se proponen presentar sus asociados, diversas instituciones inversoras y otras asociaciones del sector fotovoltaico, aunque sí en perfecta armonía y coordinación, por coincidir en todos las mismas exigencias de una legislación de justicia y de respeto de las normas.

Banesto contabiliza en mora 1.308 millones, el 24% de los concedidos a los promotores inmobiliarios

Madrid. Los créditos fallidos concedidos a los promotores inmobiliarios siguen haciendo mella en los balances de las entidades financieras. Banesto, la filial del Grupo Santander, ha reconocido, al presentar las cuentas correspondientes al cierre del pasado ejercicio, que la mora a promotores asciende al 24%, frente al 14,5% del cierre de 2009, lo que supone que 1.308 de los 5.453 millones de euros en créditos concedidos a este colectivo hayan entrado en morosidad y su cobro resulte más que dudoso. A finales de 2009, el importe de este crédito era de casi 7.000 millones y en diciembre de 2007, tras desencadenarse la crisis, se elevaba a más de 9.500 millones.

No obstante, Banesto señala que hace un año el riesgo de promotores sobre el total llegaba al 8%. Ahora es del 6,4%. El conjunto del crédito al sector constructor e inmobiliario ha caído en un año hasta los 10.354 millones. Del esta cantidad, 2.227 millones correspondían a grandes empresas y construcción y 5.453 millones a promotores inmobiliarios.

La entidad financiera cerró 2010 con un beneficio de 460 millones de euros, lo que supone un retroceso del 17,8% respecto al ejercicio anterior, motivado por la necesidad de realizar provisiones durante todo el año para reforzar su situación patrimonial “con dotaciones extraordinarias para activos mobiliarios e inmobiliarios y a la provisión genérica de insolvencias por un total de 616 millones de euros”.

El margen de intereses ha caído un 4,1%, hasta 1.660,5 millones. La filial de Santander ha explicado que la gestión de los márgenes y del balance “ha compensado, en gran medida, el efecto de la ralentización en la evolución del negocio y el aumento de los costes de financiación”. El margen bruto ha cerrado el año en 2.490 millones, cifra que supone un descenso del 2,8% respecto al ejercicio anterior, mientras que el margen neto de explotación ha cedido un 4%, hasta 1.501 millones.

Las viviendas se depreciaron casi un 4% en 2010, a niveles de hace cinco años, según el Índice IMIE de Tinsa

Madrid. El índice IMIE de diciembre, elaborado por la tasadora Tinsa, quedó fijado en 1.872 puntos, dato ligeramente inferior al del mes pasado y muy similar al nivel que mantiene el índice desde el mes de agosto, situándose en cifras equiparables a septiembre de 2005. Supone un ligero repunte a la baja en su variación interanual hasta el -3,9%, desde el pasado 3,6%, lo que significa que los valores medios de las viviendas han permanecido casi estabilizados durante los últimos cinco meses, originando una progresiva moderación de los descensos interanuales. Respecto al descenso acumulado desde máximos apenas varía y se sitúa en el 18%.

El ligero repunte del índice “General” viene motivado, fundamentalmente, por el comportamiento del subíndice “Capitales y Grandes Ciudades” que descendió un 5,0% frente al 3,6% del mes anterior. En este caso el repunte en la bajada interanual se debe, tanto al descenso del nivel del índice como al diferente comportamiento del mismo en diciembre de 2009.

El mayor descenso interanual en diciembre se produce en el subíndice “Costa Mediterránea”, que presentó una bajada más acusada del 6,8% frente al 4,7% del mes anterior, y un descenso del índice que la sitúa muy cerca de romper la barrera de los 1900 puntos, lo que supondría retornar a valores del año 2004 en el ámbito de la costa peninsular.

Ligeramente por encima del descenso medio interanual se situó también el subíndice “Áreas Metropolitanas”, con una bajada del 4,2% y un fuerte descenso en niveles absolutos, que sitúan a esta zona próxima a perder la barrera de los 1.800 puntos.

Ya por debajo del descenso general aparecen los subíndices “Islas Baleares y Canarias”, que presentaron una bajada del 2,4%, moderándose notablemente respecto al mes anterior, y “Resto de Municipios” no incluidos en los grupos anteriores, que desaceleraron nuevamente su caída hasta el 1,6%.

En cuanto a los descensos acumulados desde valores máximos, el subíndice “Costa Mediterránea” volvió a señalar un nuevo máximo en el histórico del índice, con un descenso total del 26,2%. Lo mismo puede decirse de las Áreas Metropolitanas que ya rebasan la segunda decena en los recortes situándose en el 20,3%.

Muy próximo se encuentra el descenso total del subíndice “Capitales y Grandes Ciudades” con el 19% y, ya con menores bajadas acumuladas, los subíndices “Islas Baleares y Canarias” con un 15,4% y “Resto de Municipios” con el 14,3%.