La semana pasada conocimos la noticia de que la Comunidad de Madrid ha abierto expedientes sancionadores a medio centenar de apartamentos turísticos que incumplen la nueva y polémica ley que regula el sector turístico desde 2014 y que amenaza la viabilidad de iniciativas como Airbnb. Como Asociación Española de Startups queremos mostrar nuestra disconformidad con dicha ley y con las medidas legales iniciadas, que penalizan la innovación en el sector y no contribuyen a proteger a los ciudadanos.
Aunque la regulación no es nueva, el hecho de que hayan comenzado las sanciones reabre la polémica sobre los requisitos que se establecen para los apartamentos turísticos, especialmente una de los más celebrados por el sector turístico tradicional: la estancia mínima de 5 noches. Esta medida no protege sino que perjudica al consumidor, que habitualmente reserva este tipo de establecimiento para una media de 3 noches, y no ayuda a solucionar los eventuales problemas que pueden surgir con vecinos y conciudadanos.
Mantenemos que la economía colaborativa debe ser regulada de manera homogénea a nivel europeo, no es posible que existan regulaciones distintas en cada país, región o ciudad. Por ejemplo, es llamativo que mientras estas normas se promulgan en España la administración pública británica anime a los funcionarios a usar opciones de economía colaborativa en sus viajes de trabajo.
Coincidimos con la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia en pedir normativas que se centren en lo general y no las leyes actuales, en las que «se infiere claros atisbos de haberse elaborado de una manera acelerada, como respuesta a las presiones de un sector concreto que se ha visto afectado por el auge de estas nuevas actividades».
