Se debate en estos días sobre el proyecto de ley que prohibiría a los particulares alquilar una vivienda para el turismo y, para provocar mayor desigualdad en el territorio nacional, se atribuye esta norma a las Comunidades Autónomas.
Si finalmente este fuera aprobado, a los particulares les resultaría casi imposible alquilar su vivienda temporalmente, salvo que dispongan de una licencia de actividad, pero esta solo se otorga a inmuebles de uso terciario (hoteles, oficinas, etc.).
Antes esta situación, no cabe hacerse otra pregunta más que: ¿quién es el gobierno para limitar el derecho de los ciudadanos a elegir a quien alquilan o no sus viviendas?. En muchos casos, los ciudadanos han optado por esta fórmula como medio de inversión, como complemento a sus pensiones, a sus rentas del trabajo, etc. e incluso se ha fomentado esta actividad.
Por un lado, se entiende que desde las Administraciones se tomen medidas para tratar de establecer unas reglas del juego (del juego hotelero), con el fin de que todos los empresarios de alojamientos turísticos cumplan unas normativas en defensa de la calidad del servicio. Estamos de acuerdo en que ello redundaría en beneficio del turismo y de la imagen de nuestro país.
Pero, desgraciadamente, pienso que el fondo de la norma va más encaminada a dar respuesta a un afán recaudatorio.
Hay un tipo de turismo que, por su precio, no utiliza los hoteles. Es muy sencillo, o tenemos alojamientos baratos o sencillamente ese turismo no llegará. Y este perfil de cliente, no es competencia para los hoteles porque es otro mercado objetivo.
La mayor industria que tenemos en España es la de servicios y dentro de los servicios el turismo. Por eso pienso que en la actual situación, no nos podemos permitir el lujo de discriminar turistas, todos aportan riqueza económica y buena falta nos hace.
No se consigue dinamizar la economía con medidas de este tipo, eso está muy claro, otra cosa es que se vea que se puede recaudar más y se utilice el vacío legal que hay en el alquiler de la vivienda vacacional.
Claro que sería bueno que se regulase y controlase, pero dando facilidades, no poniendo trabas. No es nada complicado, por ejemplo, que se lleve un libro de registro de los huéspedes, con unas tarifas y con una declaración trimestral por los ingresos recibidos, pero de ahí a que se tenga que cumplir una normativa en cuanto a seguridad, servicios, licencias, etc, como si de un hotel se tratase, hay un abismo.
Una visión cortoplacista de un problema lo único que hace es agrandar el problema, en el fondo es como dar una patada hacia delante.
