Madrid. Prosiguen las acciones jurídicas contra los ex presidentes de la inmobiliaria Metrovacesa. A la reciente admisión a trámite por un juzgado de una querella interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción contra Joaquín Rivero, se ha unido otra demanda, presentada ante la misma Fiscalía por un grupo de accionistas minoritarios, contra Román Sanahuja y contra el actual órgano de control de la empresa promotora, en manos de entidades financieras, por su actitud de “connivencia”.
En la denuncia se acusa a Sanahuja de supuestos delitos societarios, de estafa y de apropiación indebida relacionados con varias operaciones de compraventa de activos mientras estuvo al frente de la compañía. Entre ellas, la de la torre londinense del banco HSBC de Londres, comprada por Metrovacesa en 2007 por 1.600 millones tras previamente haber sido adquirida por una sociedad vinculada a los Sanahuja, de forma similar a lo ocurrido con el complejo Walbrook Square , también en la capital británica.
En el caso de la torre del HSBC, la querella añade que, de forma paralela a la compra por parte de la promotora, Sanahuja solicitó un préstamo de 500 millones de euros destinado a la compra de acciones de la propia inmobiliaria. Según la demanda, entre ambas operaciones Metrovacesa perdió 630 millones de euros.
Los accionistas demandantes recogen en la querella presentada ante Anticorrupción que la familia Sanahuja aportó a Metrovacesa activos por 400 millones de euros para cancelar definitivamente una deuda que tenían con la empresa sin la preceptiva tasación de una entidad independiente.
Declaración de Rivero
Por otra parte, está pendiente de determinar la fecha en la que el juez Eduardo López tomará declaración a Joaquín Rivero, al que la Fiscalía acusa de haber obtenido un beneficio de 2,8 millones de euros con la compra de acciones de Metrovacesa antes de que se hiciera público que él y Román Sanahuja habían comprado a Luis Portillo su paquete en el capital a un precio muy superior al de mercado, lo que disparó la cotización un 9,36%.
Por la presunta comisión de este delito, Rivero podría ser condenado a una pena de entre 4 y 6 años de prisión, al pago de una multa por el triple del beneficio obtenido y a la inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión de dos a cinco años.
