Alicante. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) da la razón a Sepes al anular el Programa de Actuación Integrada (PAI) del ámbito denominado “Walaig”, aprobado por el Ayuntamiento de Monforte del Cid (Alicante), y la adjudicación de las obras de urbanización a una empresa por vulnerar los principios de publicidad y concurrencia dispuestos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Esta sentencia, fechada el pasado 25 de mayo, es la tercera decisión judicial sobre este asunto que da la razón a Sepes, Entidad Estatal de Suelo, organismo que depende del Ministerio de Vivienda. Ya en 2007, el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Alicante declaró nulo el PAI aprobado en 2006 por el Pleno del Ayuntamiento de Monforte del Cid, condenando al consistorio por no respetar los acuerdos previos con Sepes.
El consistorio recurrió el fallo pero con idéntico resultado. Ahora, por tercera vez y de forma inapelable (contra esta sentencia no cabe recurso), la Justicia da la razón a Sepes y declara nulos tanto la aprobación del PAI como la adjudicación a Intersa Levante S.L. de las obras de urbanización del ámbito por unos 20 millones de euros.
El director general de Sepes, Félix Arias, subrayó la importancia de este fallo judicial que anula la decisión municipal de desistir unilateralmente de los convenios previos firmados con Sepes: “La sentencia destaca que las obras de urbanización de los PAI están sometidas, como cualesquiera otras, a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, como ha venido señalando en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo”.
Ejecución de la sentencia
Las obras de urbanización del ámbito comenzaron hace dos años y ahora podrían paralizarse ya que Sepes solicitará la ejecución inmediata de la sentencia. Es más, Sepes ha recurrido el Proyecto de Reparcelación del PAI y estudia ahora solicitar como medida cautelar la anotación preventiva de la sentencia en dicho proceso, lo que supondría de facto la paralización de cualquier proceso de venta de parcelas.
A pesar de ello, Arias manifestó la intención de Sepes de de abrir un proceso negociador con el Ayuntamiento para llegar a un acuerdo que garantice el desarrollo del polígono, y no retrase su puesta en funcionamiento en exceso, con el objetivo de facilitar la creación de empleo y el crecimiento económico de la comarca.
En 2001, fue Sepes la que, de acuerdo con el Ayuntamiento de la localidad, propuso el desarrollo de la actuación (casi en su totalidad, terrenos que eran propiedad del Estado) en un proceso que terminó en 2003 con la aprobación del proyecto por la Comisión Territorial de Urbanismo.
Pero en 2004, el Ayuntamiento ignoró los acuerdos existentes y convocó un concurso para la ejecución de las obras, iniciando unilateralmente un proceso urbanístico que, como han venido señalando todas las instancias judiciales, no se ajustó a derecho.
