PALMA DE MALLORCA. El Consejo de Administración del Palacio de Congresos (Ayuntamiento de Palma y Govern) acordó este viernes desestimar la solicitud de invalidez del contrato de concesión de obra pública para la construcción, gestión y explotación de esta infraestructura realizada por el Grupo Barceló al «no estar fundamentada» y, por ello, le requirió a que se abstenga de paralizar las obras instándole a continuar con la ejecución de las mismas.
Así lo informó la alcaldesa de Palma y presidenta del Consejo de Administración, Aina Calvo, tras la reunión extraordinaria de este órgano, que se prolongó durante tres horas y media y que se celebró, después de que el Grupo Barceló haya ordenado a Acciona que el próximo 5 de junio paralice las obras del Palacio de Congresos de Palma.
Barceló adoptó esta decisión tras pedir el pasado 17 de abril al órgano de contratación, integrado por el Consistorio y el Ejecutivo balear, la nulidad del contrato de concesión administrativa, al entender que el proyecto se está desarrollando con un sobrecoste de 30 millones de euros, respecto al presupuesto inicial.
Calvo, quien compareció acompañada del conseller de Turismo, Miquel Nadal, negó tajantemente que haya un sobrecoste en relación a las obras objeto del contrato de concesión, ni ningún exceso, respecto a lo presupuestado inicialmente, sino que, según remarcó, es «todo lo contrario» ya que, a día de hoy, el total de las certificaciones de obras presentadas es «inferior a las aportaciones transferidas por las administraciones públicas a la concesionaria.
En esta línea, apuntó que el presupuesto inicial de ejecución material era de 95,6 millones de euros (sin iva) teniendo en cuenta que el proyecto consistía en tres solares con un hotel en dos edificios y dos plantas de aparcamiento «y ahora es de 92,1 millones de euros (sin iva)», después de que se modificara el proyecto inicial quedando finalmente en dos solares con un hotel en un único bloque y una planta de aparcamiento.
De esta manera, insistió en que el Consejo de Administración presidido por ella y vicepresidido por Nadal, ha desestimado la solicitud de invalidez del contrato, suscrito el pasado 22 de mayo de 2007 y, en este sentido, remarcó que lo «más pronto posible», celebrarán una reunión con el Grupo Barceló, con el fin de informarle de esta decisión e intentar lograr un acuerdo para evitar la suspensión de las obras.
Preguntada por las consecuencias que tendría la paralización de los trabajos y si el Consejo de Administración se plantería en tal caso sancionar al Grupo Barceló, Calvo insistió en que confía en que no se llegue a esta situación y reiteró que en estos momentos, las obras «funcionan muy bien en cuanto a los plazos previstos».
«Tenemos la firma voluntad de que se mantengan las obras por el bien del Palacio de Congresos y de los ciudadanos de Palma», recalcó Calvo, quien incidió en que no contempla el escenario de que el Grupo Barceló ponga fin a las obras, por lo que dijo que se debe «reconducir la actual situación a unos espacios de reunión entre ambas partes».
Por otra parte, la presidenta del Consejo de Administración del Palacio de Congresos resaltó que «desde siempre» ha mantenido una relación «periódica» entre la UTE formada por el Grupo Barceló y Acciona negando así que se haya enterado a través de los medios de comunicación de la decisión de resolver el contrato de construcción y gestión y suspender las obras a partir del 5 de junio.
«SE ESTÁ CUMPLIENDO EL CONTRATO»
El Consejo de Administración del Palacio de Congresos también aclaró que las administraciones públicas están cumpliendo en todos los términos sus obligaciones derivadas del contrato, de forma que recordó que ya lleva invertidos 20 millones de euros en este proyecto más el valor de los solares. Asimismo, añadió que «no se puede cuestionar los pagos a la concesionaria que se establecieron en el contrato».
Así, Calvo explicó que el acuerdo fija el pago de 21 millones de euros en mayo de 2008, de los cuales se han abonado ya 20, pese a que las certificaciones de obras han sido únicamente de 16 millones, incluido el mes de mayo en curso y los imprevistos pagados hasta ahora (250.000 euros).
Por tanto, «la concesionaria tiene a día de hoy un saldo favorable de 4 millones de euros», mientras que el segundo pago es de otros 6 millones de euros en mayo de 2009, «todavía en plazo», y el tercero de 3 millones de euros en 2010.
Ante esta situación, el Consejo de Administración apeló a la «responsabilidad» del Grupo Barceló, teniendo en cuenta que «en todo momento se han cumplido los plazos y las condiciones del contrato y de los acuerdos adoptados» y, además, agrega que «se ha velado por el equilibrio económico de la concesión».
De este modo, el Ejecutivo autonómico y el Consistorio de Palma entiende que la paralización de las obras anunciada por Barceló supondrá un «incumplimiento de los contratos y acuerdos por su parte».
Barceló posee un 95 por ciento de las acciones del Centro de Congresos Internacional de Palma, mientras que el 5 por ciento restante corresponde a Acciona.
