El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió esta semana un informe desfavorable contra el anteproyecto de la Ley de Vivienda en que critica las imprecisiones acerca del concepto de derecho a la vivienda y la inseguridad jurídica que puede suponer para el sector.
Montserrat Junyent, asesora jurídica del Consejo General de COAPI de España y del COAPI de Barcelona, se une a las críticas y destaca la «falta de definición de la figura del agente inmobiliario», un concepto «indispensable» para el establecimiento de un mercado transparente y con garantías.
La polémica en torno al anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda sigue vigente. Esta semana, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronunció al respecto mediante un informe desfavorable. En él, el organismo criticó con contundencia el hecho de que las competencias autonómicas en materia de vivienda se verán claramente afectadas.
«La contundencia del informe jurídico, de prosperar la norma en los términos contenidos, pone en evidencia la inseguridad jurídica en la que se puede ver inmerso el mercado inmobiliario», alerta Montserrat Junyent, asesora jurídica del Consejo General de COAPI de España y del COAPI de Barcelona.
En su propio informe, el CGPJ recoge en los siguientes términos que «esa expropiación de la regulación autonómica por el legislador estatal generará, sin duda, una situación de gran inseguridad jurídica al resultar ciertamente difícil determinar qué norma habrá de aplicarse, la estatal o la autonómica, cuando no concuerden completamente entre sí».
Otro aspecto en el que se pone el foco es la imprecisión acerca del concepto del derecho a la vivienda y la inconcreción respecto a determinadas obligaciones por parte de los individuos. En ese sentido, Junyent afirma que, desde el colectivo de los agentes inmobiliarios, «también se han hecho llegar al Gobierno alegaciones en ese mismo sentido, especialmente en lo que a la falta de definición de la figura del agente inmobiliario al que se le imponen obligaciones en las operaciones inmobiliarias en las que intervienen».
Desde el colectivo exigen el «máximo rigor» en la aprobación de una Ley tan trascendente como esta, pues afecta «a un bien como la vivienda y la armonización de las legislaciones autonómicas estatales y autonómicas que permitan dotar al mercado de un marco jurídico seguro y estable, el crecimiento del sector y la inversión, dependiente de ello».
En última instancia, la experta valoró muy negativamente que el anteproyecto de ley del Gobierno no incluyera ninguna referencia, identificación de perfil o requerimientos necesarios para aquellos profesionales que quieren ejercer como agentes inmobiliarios.
«La clarificación y concreción de conceptos son elementos fundamentales para crear las condiciones idóneas y asegurar el crecimiento y la incorporación de una regulación de los agentes inmobiliarios, indispensable si queremos un mercado transparente y con las máximas garantías hacia consumidores y usuarios», concluye.
