Los ciudadanos de la Región de Murcia ya pueden dirigirse al canal de denuncias, puesto en marcha por el Gobierno regional, para alertar de un posible caso de okupación ilegal de viviendas en su edificio, barrio o municipio y activar de forma inmediata el protocolo de actuación frente a este tipo de actos ilícitos.
El canal de denuncias anónimo es una de las medidas recogidas en el Decreto-Ley, aprobado por el Ejecutivo regional y que sitúa a la Región como la primera comunidad autónoma de España en contar con una regulación específica para hacer frente a la okupación ilegal de viviendas.
Esta herramienta garantiza la confidencialidad de la identidad del denunciante de un presunto caso de usurpación ilegal de inmuebles para evitar que el ciudadano pueda ser objeto de represalias y amenazas y garantizar así su seguridad.
El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, explicó que «la Comunidad mantiene una política de tolerancia cero frente a todo aquel que practique o promueva la okupación, con el fin de garantizar una convivencia social pacífica y tranquila a todos los vecinos».
«No se pueden permitir este tipo de conductas ilegales que, además de incumplir la ley, crean focos de delincuencia y degradan las ciudades», señaló el consejero, quien recordó que en la Región hay 1.078 viviendas okupadas.
Este problema se ha incrementado un 20 por ciento en el primer semestre de este año 2020, con 176 okupaciones, frente a las 147 que se registraron en el mismo período de 2019.
Sistema ágil y sencillo
Los ciudadanos que se dirijan a este canal deberán proporcionar una serie de datos que permitan identificar la vivienda y su localización, como por ejemplo la dirección del inmueble (número, piso…) y el municipio en el que se ubica la propiedad.
A continuación, la Comunidad enviará al denunciante un acuse de recibo del aviso, indicándole que se procede a estudiar la denuncia y que se pondrán en contacto con el afectado a la mayor brevedad posible. Asimismo, se le remitirá documentación muy útil para facilitar la detección temprana de casos de okupación y recomendaciones y buenas prácticas para evitar ser objeto de esta práctica ilegal.
A partir de ese momento, el Gobierno regional pondrá en conocimiento de las fuerzas de seguridad para que evalúen el caso y den una respuesta en un breve plazo de tiempo para confirmar si es una okupación ilegal.
En tal caso, se intentará localizar al propietario de la vivienda okupada para proporcionarle asesoramiento jurídico e intentar agilizar la recuperación del hogar.
El equipo técnico del Servicio de Mediación Hipotecaria y Lucha contra la okupación de la Región de Murcia evaluará si los okupas están afectados por una situación de vulnerabilidad y de forma inmediata se les pondrá en contacto con Cáritas, Columbares y Jesús Abandonado para que accedan a las subvenciones de alquiler social, que ascienden a 3,1 millones aportados por la Comunidad Autónoma y gestionados por las citadas entidades.
