Los expertos que han participado en el Curso práctico sobre reclamación de productos bancarios, organizado por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Madrid, creen que la norma no reducirá el colapso de los tribunales y cifran en 14.000 millones el impacto de las demandas por los gastos de la hipoteca.
La medida aprobada por el Gobierno, el Real Decreto 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, no conseguirá reducir el impacto previsto del número de reclamaciones que llegarán a los juzgados en los próximos meses. A ello se une el aumento de los tipos de demandas para reclamar por productos bancarios, que agudizarán el colapso que ya padecen los tribunales. Sin ir más lejos, la norma publicada en enero excluye la posibilidad de reclamar previamente a pequeños empresarios y autónomos y a otras entidades como las comunidades de propietarios, lo que representa un 70% de afectados, por lo que se mantiene abierta la puerta al aluvión de demandas, que ya se veía venir desde diciembre al conocerse la sentencia del Tribunal de Luxemburgo.
A las demandas por cláusulas suelo, se unirán las que afectan a hipotecas multidivisa, a las comisiones por descubierto en cuenta o a los gastos de escrituras de hipotecas. Así lo han explicado los expertos que han participado en el Curso práctico sobre reclamación de productos bancarios por mala praxis de entidades financieras, organizado por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Madrid.
Como ha señalado Eugenio Ribón, abogado especialista en Derecho de Consumo y uno de los pioneros en la reclamación de productos bancarios, «el decreto del Gobierno parece más un salvavidas para la banca que un remedio para el maltrecho consumidor». Pero va más allá y entiende que la norma «maltrata y olvida una vez más a los pequeños autónomos y modestos empresarios» y deja fuera a otras entidades que podrían reclamar, como las comunidades de propietarios. En este sentido, estima que el RD 1/2017 deja fuera a un 70% de afectados por las cláusulas suelo, considerando que hay 1,7 millones de préstamos con esta condición y una de cada tres familias están afectadas por ella. El decreto, al ser tan restrictivo, atenderá únicamente a un 30% de consumidores.
El aluvión de demandas seguirá llegando al sector financiero pues, precisa Ribón, «se estima un impacto para la banca de 14.000 millones de euros por las reclamaciones de los gastos hipotecarios, teniendo en cuenta que, además, en el 100% de los préstamos se han cargado los gastos a los consumidores». Entre tales gastos se encuentran los de tasación que, como explica Carlos Suárez, abogado y catedrático de Derecho Civil, «si el tasador lo elige el banco en una cláusula no negociada, le corresponde pagarlo a la entidad».
Sobre las hipotecas multidivisa, Javier Puyol, abogado especialista en Derecho Bancario, ha apuntado que se suelen incluir comisiones que no se reflejan en la escritura del préstamo, lo que afectaría al principio de «transparencia».
Beatriz Moreno, letrada del Consejo Arbitral para el Alquiler de la Comunidad de Madrid, ha defendido la aplicación del procedimiento arbitral a las cláusulas suelo. Aunque a día de hoy es una hipótesis, si finalmente se produce tendría grandes ventajas para el consumidor, pues es un procedimiento más rápido (2 meses frente a 20 en la vía judicial) y hasta un 40% más económico que el coste de acudir a los tribunales.
