El Ayuntamiento de Barcelona revisará el protocolo de desahucios vigente desde 2013 con el objetivo de intervenir durante el inicio del proceso de forma preventiva. Su objetivo es que los servicios municipales puedan actuar antes y evitar las situaciones de ejecución.
Así se ha puesto de manifiesto durante la reunión de la comisión de seguimiento del protocolo de desahucios, celebrada en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a la que han asistido el presidente del TSJC, Jesús Barrientos, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el consejero de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Carles Mundó, entre otros.
La alcaldesa, Ada Colau, ha puesto sobre la mesa de la comisión de seguimiento del protocolo de desahucios el objetivo de que ninguna familia vulnerable llegue a la extrema situación de un desahucio por la fuerza.
La primera edil de la Ciudad Condal destacaba que el gran objetivo es que hay que intervenir lo máximo posible al principio de estos procedimientos y no al final, como ocurre ahora mismo en muchos casos.
La alcaldesa ha pedido también que se revise el perfil de vulnerabilidad y la definición de situación de emergencia, ya que cuando se redactó el principal problema era el impago de las hipotecas.
En este sentido, ha recordado que la situación de emergencia en la vivienda es en estos momentos mucho más grave que en meses anteriores, ya que actualmente el 70% de los procesos de desahucio se inician por impagos del alquiler.
Para atender con mayor celeridad y efectividad esta situación se creó a principios de 2016 la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER). Dicha unidad ha atendido desde el mes de enero y hasta noviembre el doble de procesos de desahucio que durante todo 2015. En total la cifra asciende a 2.191 desahucios que han afectado a 6.000 personas vulnerables, el 35% de las cuales son menores de edad.
Por su parte, el presidente del TSJC, Jesús Barrientos, se lamentaba acerca de los problemas con los que se encuentran los juzgados para comunicar a los servicios sociales las situaciones de vulnerabilidad debido a las dificultades legales para la cesión de los datos de carácter personal de estas víctimas. Necesitan del consentimiento de ellos y esto tarda en producirse.
A la salida de la reunión, el consejero catalán de Justicia apuntaba que la nueva ley ayudará a que se pueda superar el obstáculo de la protección de datos, para que los Ayuntamientos puedan tener antes esta información y así sus servicios sociales puedan poner en marcha su sistema de ayudas y atención a estas personas.
