domingo, 8 junio 2025
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Goldman Sachs no evaluó la variable ‘pisos ocupados’ en la operación Ivima

Cuando hace dos años el fondo estadounidense Goldman Sachs compró al Ivima casi 3.000 pisos protegidos en alquiler, no contemplaba ni por asomo que 200 fueran a estar ocupados de manera ilegal.

Pero esa es la realidad. Todos se localizan en un par de bloques situados en el Ensanche de Vallecas, sobre todo en uno de ellos, en la Gran Vía del Sureste -la arteria principal de este nuevo barrio situado al sureste de Madrid-, donde grupos de delincuencia organizada tienen montado un negocio de lo más lucrativo. Ilegal, pero lucrativo, cobrando una entrada de 3.000 euros a los ocupantes ilegales y unos pagos mensuales de hasta 350 euros.

Las primeras ocupaciones se produjeron en la Semana Santa de 2014, y no ha ido a más en cuanto al número de viviendas ocupadas en el último año y medio, pero sí se ha incrementado, y mucho, el tema de inseguridad ciudadana generado.

Buzones rotos que impiden que los carteros realicen la entrega de la correspondencia, ascensores que no funcionan, y coches que son rayados en los garajes para persuadir a sus propietarios que no los dejen en sus plazas. Eso, en el interior. En el exterior, los comerciantes de la zona son objeto de robos de manera permanente, sobre todo por parte de los drogadictos que acuden a por su dosis a estos pisos ocupados de Goldman Sachs.

Encasa Cibeles, la empresa gestora de los pisos, asegura que están haciendo todo lo posible para acabar con esta situación, pero lamentan que los procesos judiciales se demoren tanto.

Respecto a las ocupaciones, la gestora reconoce que todas se tratan por igual. En el caso de que existe una situación de vulnerabilidad social, el tema se pone en manos de los servicios sociales municipales para ver qué alternativa se ofrece. Si no es el caso, todas las ocupaciones se denuncian.

Desde Encasa Cibeles aseguran haber invertido más de dos millones de euros en reforzar las medidas de seguridad, con la contratación de vigilancia presencial, instalación de cámaras de vídeo, de sensores de movimiento en azoteas, de alarmas, y de puertas blindadas.

Por su parte, los vecinos se quejan de que la gestora no está poniendo todos los medios para paliar esta situación, y algunos insinúan que no les viene del todo mal, ya que, de esa manera, más pronto que tarde conseguirán que el bloque en cuestión se quede vacío de inquilinos legales, y así proceder a su venta.

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