Se reactiva la querella por malversación de fondos públicos y prevaricación contra los responsables de la venta de 2.935 viviendas del ya extinto Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima).
El Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid ha dictado una providencia, a solicitud del Ministerio Fiscal, solicitando a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, dependiente del Ministerio de Hacienda, un informe sobre las posibles conexiones societarias entre Bussola 99, la sicav de Pablo Cavero -anterior consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid y actual concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid-, Azora Gestión, Encasa Madrid y Goldman Sachs.
Además, tras el informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que declara un quebranto de más de 100 millones de euros en el patrimonio público con la operación de venta, el juez también solicita la práctica de una valoración de los inmuebles enajenados a fin de conocer el valor real de los mismos. Casi 8.000 inmuebles, de los que 2.935 eran viviendas en régimen de alquiler y alquiler con opción a compra y el resto plazas de garaje, de aparcamiento y locales.
Además, hay peticiones sobre justificación de gastos, cuestiones referentes a la tasación de las viviendas e incluso datos sobre una supuesta reunión entre los representantes de dos de las empresas licitadoras con responsables del Ivima o de la Consejería de Vivienda.
En esta reactivación del caso, el juzgado cita a declarar como testigos, el próximo 30 de noviembre, a Fernando Pascual Santodomingo, jefe del Área de Contratación de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, a Beatriz Solano Merino, interventora delegada de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid y a Beatriz Ibernón Sánchez, arquitecta de ST Sociedad de Tasación, la empresa a la que el IVIMA encargó la tasación de los inmuebles.
Las diligencias que solicita la Fiscalía coinciden con las peticiones de información de nuestros abogados y con la línea argumental mantenida por los querellantes, en relación a las irregularidades que se pudieran haber cometido en la venta de casi tres mil viviendas sociales, relacionadas con imposibilitar el legítimo derecho de tanteo de los inquilinos, modificar la ley en pleno proceso de adjudicación y realizar la venta a un precio muy inferior al de mercado.
