El cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para llevar a cabo la demolición de 32 apartamentos ilegales en la zona costera de la localidad tarraconense de Alcanar se sigue demorando. Nadie parece querer darse por aludido, pero el tribunal ha vuelto a dar un ultimátum para que en dos meses la piqueta acometa la demolición.
El asunto, conocido como el caso Turov, hace referencia a la urbanización Serramar. Casas que se construyeron a partir de una licencia urbanística nula porque el proyecto no se adecuaba con la legalidad. Se interpretaron las densidades de las construcciones como plurifamiliares, pero en realidad lo único permitido eran viviendas unifamiliares.
El TSJC no se anduvo por las ramas sobre la actuación, y, en su sentencia, criticaba duramente la manga ancha con que actuó el Consistorio. En la misma se hace constar que la densidad no fue el único parámetro vulnerado. También se infringió el relativo a las distancias.
Las 32 viviendas incrementaban en la densidad urbanística en más de un 250% respecto a lo permitido, y formaban parte de la primera fase de un proyecto que planificaba construir más de 100 casas. La mayoría de viviendas son propiedad de particulares, pero están deshabitadas y solo acceden a ellas en períodos vacacionales.
Una asociación y una vecina de Alcanar, que se sintió molesta al ver cómo la urbanización le quitó las vista panorámicas de que gozaba desde su casa, denunciaron los inmuebles y el juzgado de lo contencioso administrativo de Tarragona falló a su favor en 2006 declarando nula las licencias de obras. El Ayuntamiento recurrió el falló, pero en 2009 el TSJC desestimó el recurso de apelación y confirmó la nulidad de la sentencia.
Turov, la empresa promotora, fue a concurso de acreedores. Antes, intuyendo posibles reclamaciones por parte de los propietarios de las viviendas, denunció al Ayuntamiento en 2010, pidiendo una indemnización de 6,8 millones de euros, en concepto de daños y perjuicios. A pesar de ello, el juzgado de lo contenciosos administrativo de Tarragona número 2 desestimó la petición y libró al Consistorio de cualquier pago.
Ahora, tras el ultimátum del tribunal, el Ayuntamiento deberá acelerar los trámites para acometer la demolición, algo que muchos siguen pensando en el pueblo que nunca llegará a producirse.
Desde el consistorio asumen que deberán elaborar un informe técnico, aprobar la correspondiente partida presupuestaria y, finalmente, convocar un concurso público para adjudicar los trabajos de demolición.
