El Ayuntamiento de A Coruña ha acordado en sesión plenaria la revisión de oficio del convenio de la antigua prisión provincial para evitar el pago de 1,12 millones de euros que se estableció en el acuerdo firmado en 2005. El pleno aprobó, con el voto en contra del PSOE y la abstención del BNG, la propuesta del Gobierno local para declarar nulo de pleno derecho el convenio firmado en 2005 por el entonces alcalde de la ciudad, Francisco Vázquez, y el Gobierno central y que obliga a los coruñeses a pagar dos veces por lo mismo (en concreto, 1.123.000 euros).
"La decisión de declarar la nulidad de pleno derecho de este convenio nace de una moción presentada en 2013 por el Partido Popular y aprobada por unanimidad de toda la Corporación en la que precisamente se acordó resolver dicho acuerdo de 2005. La revisión de oficio del convenio es el paso previo necesario para que la cárcel sea devuelta de manera gratuita al patrimonio municipal y para que, a continuación, analicemos entre todos los coruñeses cuál es el mejor proyecto para este edificio que se encuentra en una zona tan emblemática de la ciudad como es el entorno de la Torre de Hércules, nuestro monumento Patrimonio de la Humanidad", explicó la teniente de alcalde de Hacienda y Administración Pública, Rosa Gallego.
Una vez revisado el expediente, se detectaron una serie de puntos que argumentan la anulación del convenio de 2005 y, por tanto, la devolución al Ayuntamiento de la antigua prisión provincial sin necesidad de pagar los 1,12 millones de euros:
– El alcalde no era el órgano competente para firmar el convenio.
– El acuerdo de 2005 carece de los informes favorables de la Asesoría Jurídica y de la Intervención, que ni siquiera fueron solicitados.
– No se fijaron en el presupuesto las correspondientes partidas plurianuales para hacer frente a dicho convenio. Se comprometió un gasto para el que no existía crédito en el presupuesto y se comprometió un gasto de ejercicios futuros cuando esta autorización es competencia del pleno.
– El convenio es nulo de pleno derecho además porque se acuerda permutar dos bienes de dominio público que, por ley, son inalienables, inembargables e imprescriptibles.
Tras la incoación del expediente se dará audiencia a Instituciones Penitenciarias y se pedirá informe al Consello Consultivo antes de resolver, competencia que también corresponde al pleno. En paralelo a la tramitación administrativa de este expediente, el Ayuntamiento está desarrollando otras acciones para garantizar la conservación de la cárcel.
"Hemos requerido a Instituciones Penitenciarias que cumpla la legislación urbanística, tanto a nivel gallego como estatal. Así, se le requirió la Inspección Técnica de Edificios (ITE) en 2013, para la que tiene de plazo este año para pasarla; y se le ha requerido recientemente la reparación de los desperfectos en cubierta y muros que se han detectado durante la inspección de los técnicos del departamento de Ruinas", señaló Rosa Gallego.
