Creyó el Gobierno que el espinoso asunto de los desahucios iba a quedar atenuado con las medidas aprobadas el pasado mes de mayo, pero el tema está lejos de estar solucionado. Y ya no son solo las protestas y los actos de boicot, con ocupaciones de viviendas vacías incluidas, promovidos desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Comunidades Autónomas como Andalucía y el País Vasco, a pesar de las advertencias y de los recursos de inconstitucionalidad, ya presentados, no cejan de legislar en sentido contrario a lo que el Gobierno de Mariano Rajoy puso encima de la mesa.
En Andalucía aparentemente toda esta normativa contraria a lo establecido por el Gobierno se paró en julio, cuando el Gobierno presentó recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley para la Función Social de la Vivienda. Nada más lejos de la realidad.
Desde hoy miércoles, 9 de octubre, la Consejería de Fomento y Vivienda, encabezada por Elena Cortés, podrá iniciar nuevos expedientes de expropiación de viviendas vacías a entidades financieras y a Sareb, tras la publicación, en el Boletín Oficial da la Junta de Andalucía (BOJA), de la Ley de Medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda
Además, en la disposición transitoria segunda de la norma, se establece que las actuaciones instruidas al amparo del Decreto-ley del pasado mes de abril, suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional tras la presentación del recurso de inconstitucionalidad, podrán reanudarse.
“Los procedimientos y actuaciones administrativas instruidas al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, que estuvieran siendo objeto de tramitación a la entrada en vigor de la presente ley, continuarán tramitándose conforme a la disposición adicional primera de esta última”, recoge la ley.
Así pues, o se ponen a disposición de las familias más necesitadas las miles de casas que las entidades tienen vacías tras haber procedido al desahucio, o éstas podrán ser objeto de expropiación.
Y tampoco en el País Vasco parecen estar dispuestos a arredrarse ante las advertencias deslizadas desde el Ministerio de Economía y Competitividad. Haciendo oídos sordos, siguen adelante con la tramitación de la proposición de Ley de Vivienda que, según el Gobierno, incluye varios elementos que inducen a cuestionar su constitucionalidad y su legalidad.
Esa proposición recoge la posibilidad de que las familias en riesgo de exclusión social puedan alquilar la vivienda habitual de la que han sido desahuciadas gracias a la expropiación forzosa de su uso a la entidad bancaria por parte de la Administración. Además de un canon anual de diez euros por cada metro cuadrado útil de las viviendas que estén desocupadas durante más de dos años sin causa justificada, y de la imposición de un alquiler forzoso si la casa está ubicada en una zona de acreditada demanda y necesidad de vivienda y se mantiene desocupada después de un año.
