martes, 28 mayo 2024

Lo que le faltaba a la Sareb, ocupaciones ilegales de sus viviendas

Madrid. Decretos de expropiaciones, créditos incobrables de promotoras en quiebra y, lo que le faltaba a la Sareb, ocupaciones ilegales de sus casas, como la acaecida hace unas semanas en la localidad barcelonesa de Sabadell. Y no es lo peor, que esto se extienda, sino que, ante la demanda judicial interpuesta por los servicios jurídicos del ‘banco malo’ para el desalojo inmediato como medida cautelar, la jueza determinara que “no ha lugar”.

Las medidas cautelares deben ser “proporcionadas” y desalojar un edificio ocupado desde hace semanas que llevaba cuatro años vacío no lo es. Con estos argumentos, y defendiendo la propiedad privada pero también el “uso social” de la vivienda, ha denegado la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Sabadell el desalojo urgente el edificio de Sabadell propiedad de la Sareb ocupado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) a mediados de abril.

El inmueble, que tiene 40 pisos, fue transferido al banco malo por el Banco Mare Nostrum y tomado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Sabadell, población donde hay otros dos edificios de lo que la entidad llama “obra social” para familias desahuciadas.

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En el auto, la jueza argumenta cuestiones como que el derecho a la propiedad privada está limitado por su función social; que la sociedad de gestión de los activos tóxicos “ha desistido de la función social de las viviendas” y que no ha realizado ninguna actividad para dar un uso al edificio —“ha incumplido el deber de conservación”—; y que la ocupación no perjudica al banco malo (tiene 15 años para vender los activos), pero sí a las familias sin techo ni ingresos, tal como han constatado los servicios sociales del Ayuntamiento.

Seguramente será una circunstancia puntual, pero el tema es delicado. No en vano son más de 70.000 pisos vacíos con los que cuenta la sociedad presidida por Belén Romana, sobre los que seguramente, y para evitar malos mayores, habrá que disponer de algunas medidas de seguridad, especialmente en aquellos inmuebles que, por su situación alejada de centros urbanos y, sobre todo, con un elevado número de inmuebles vacantes dentro de un mismo edificio, puedan ser más proclives a este tipo de ocupaciones.

Un gasto adicional más no contemplado en el plan de negocio elaborado por la consultora KPMG.

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