Ecuador. "Quisimos tener un sueño en la vida y estamos viviendo una pesadilla". Así comenzó el Defensor del Pueblo de Ecuador, Ramiro Rivadeneira, la rueda de prensa, parafraseando a Luis Solórzano, un emigrante nacionalizado que será el primero en llevar al Gobierno de España ante el Tribunal Internacional de Derechos Humanos (TDHE). Él es una de las miles de personas que se han visto afectadas por la hipoteca.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador ha decidido respaldar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo el caso de este ciudadano ecuatoriano afectado por la crisis hipotecaria española.
El TEDH es la máxima autoridad judicial para la garantÃa de los derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa. La DefensorÃa del Pueblo decidió apoyar y auspiciar esta causa ante el Tribunal como una caso paradigmático, ya que representa la situación de muchos ecuatorianos y habitantes de España.
El pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se convertirÃa en un precedente para la creación de un nuevo marco normativo que permita a los ciudadanos y ciudadanas en España superar el conflicto ocasionado por la crisis hipotecaria y promover el acceso a la vivienda social como una garantÃa para vivir una vida digna en una democracia que se sustente en los derechos humanos.
La DefensorÃa del Pueblo tiene como competencia la promoción y defensa de los derechos de los habitantes del paÃs y de los ecuatorianos en el exterior y desde diciembre de 2011, en conjunto con la Embajada de Ecuador en España, está brindando asesorÃa legal gratuita a los ecuatorianos aquejados por la crisis hipotecaria. La DefensorÃa contrató un grupo de juristas y ha auspiciado algunos casos ecuatorianos ante la justicia española. El caso Solórzano agotó todas las instancias judiciales españolas y fue presentado ante el TEDH, en busca de tutela judicial, garantÃa de derechos fundamentales y justicia.
La DefensorÃa del Pueblo de Ecuador junto al grupo de juristas españoles identificaron varias causas de violación de derechos y privación de justicia en los casos, por lo que se ha solicitado al Tribunal de Estrasburgo se pronuncie en el caso Solórzano y a través de él sentar un antecedente ante el drama de las hipotecas en España.
La DefensorÃa del Pueblo encontró que se violó el derecho a la tutela judicial efectiva, por ende, el derecho a la defensa, ya que desde el momento de la firma del contrato hasta la ejecución hipotecaria, el deudor no tiene la posibilidad de impugnar por sus derechos fundamentales, por lo que se solicitó al TEDH disponga la modificación de la normativa procesal española.
Como consecuencia a esta crisis, las familias que viven en España están condenadas al pago de una deuda eterna, a la exclusión social y pobreza; privándolos a más del derecho a la vivienda, a otros derechos conexos, derechos a la educación, salud, derecho a la intimidad familiar, derecho a una vida digna, entre otros.
